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Demandan garantizar la autonomía del centro que sustituirá al INEE
 
Periódico La Jornada
Jueves 28 de marzo de 2019, p. 5

Si bien el dictamen de reforma educativa aprobado ayer en comisiones en la Cámara de Diputados presenta una mejora sustancial respecto de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, en el documento no se otorga autonomía al organismo que sustituirá al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

De acuerdo con una serie de consideraciones del INEE acerca del proyecto legislativo, reconoce la incorporación de la educación inicial y la inclusión de la autonomía universitaria, así como el concepto de educación como un derecho de igualdad sustantiva.

Sin embargo, cuestiona la de-saparición del INEE como resultado de apreciaciones de índole político e ideológico que en nada abonan a promover el interés superior de la niñez de México.

Se desconoce, agrega, el amplio trabajo realizado por el instituto orientado al conocimiento y al mejoramiento del Sistema Educativo Nacional en lo relativo a la educación obligatoria.

Desaparecer a un organismo constitucional autónomo, con base en percepciones y juicios sin fundamento alguno, y sin haber hecho una revisión profunda de sus logros y aportaciones al sistema educativo mexicano, debilita la discusión pública.

Insiste en que la autonomía constitucional del órgano que sustituirá al INEE es necesaria para el adecuado desempeño de una función esencial para el desarrollo de México, pues aunque el nuevo centro no estará bajo el control de la Secretaría de Educación Pública, sí pertenecerá al Poder Ejecutivo, menguando con ello su papel independiente.

Asegura que en el dictamen aprobado se desconocen los logros alcanzados por la reforma educativa 2013-2018, impulsada en el gobierno anterior.

En un comunicado, el INEE expresa que está de acuerdo en que el Estado debe continuar al frente de la rectoría y conducción del Sistema Educativo Nacional, y evitar que éste vuelva a ser presa de intereses de pocos, alejados de la realidad educativa y de la calidad de la educación pública. La Constitución debe ser garante en beneficiar, en primer lugar, a los niños, niñas y adolescentes de todo el país, sin importar su origen ni el estrato de los más necesitados.