La reforma aprobada ayer en las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados deroga el ingreso al servicio docente por concurso de oposición, así como la definición de calidad para la educación, pero mantiene en el artículo tercero que la admisión, promoción y reconocimiento del magisterio se realizará a través de procesos de selección.

Asimismo, se aprobó el artículo 16 transitorio, el cual señala que los derechos laborales de los maestros se regirán por el artículo 123 constitucional, Apartado B, y que la admisión, promoción y reconocimiento se definirán en una ley reglamentaria del sistema para la carrera de los profesores.

Se trata, explicó el ex dirigente de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Azael Santiago Chepi (Morena), de una reforma con un sesgo administrativo laboral que es inaceptable.

En la discusión del dictamen –a partir de la iniciativa presidencial– diputados de Morena y PT anunciaron que presentarán reservas cuando se discuta en el pleno de la cámara, especialmente al párrafo octavo del artículo tercero constitucional y al 16 transitorio. Objetaron que, por ejemplo, la reforma desconoce la bilateralidad de las relaciones laborales entre el gobierno federal y el magisterio; y en contraste, se mantiene la de los trabajadores del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, organismo que desaparece.

El párrafo impugnado señala: La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los cuales concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de la ley. También indica que esas disposiciones en ningún caso afectarán la permanencia de los maestros en el servicio.

En el dictamen se confirma la desaparición del INEE y se define que se constituirá un sistema nacional de mejora continua de la educación, descentralizado y con autonomía técnica, operativa, presupuesto, decisión y gestión.

Se agregó la educación inicial y superior como obligatoria y en el caso de esta última, el dictamen prevé que cumplir su obligatoriedad es responsabilidad del Estado.

Plantea que el Estado proporcionará oportunidades de ingreso a la educación superior, pero será para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas universitarias.

Finalmente, en los transitorios se define que quedarán sin efecto las disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de los maestros en el servicio, además de que se respetarán los derechos adquiridos por los profesores, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva por la reforma.