Por unanimidad, los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocaron ayer el acuerdo del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (Tjebc) que amplió de dos a cinco años, el periodo de la gubernatura que se renovará en junio próximo.

Al resolver dos quejas de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, la magistrada Janine Otálora recordó que ante la inconformidad de una militante de Morena el tribunal local determinó modificar la duración del gobierno.

Con ello, el Tjebc invadió una función exclusiva de Legislativo e incurrió en una franca violación al artículo 115 constitucional, el cual estipula que no puede haber modificaciones a la ley 90 días antes del proceso electoral.

Por su lado, el magistrado Reyes Rodríguez secundó la posición de Otálora y dijo que una modificación de ese tipo sólo corresponde al Congreso.

Además, recordó una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre una acción de inconstitucionalidad presentada en 2015, en la cual se destacó que los congresos locales pueden determinar la duración de los cargos y empatar las elecciones locales con las federales, con la única restricción de que tales periodos no sean mayores de seis años.

Con tales argumentos los dos jueces trataron de ir al fondo del asunto, pues el proyecto de acuerdo del ponente planteaba la revocación a partir de que la impugnación a la convocatoria para participar en las elecciones se presentó en forma extemporánea y no en los cinco días después de su publicación.

En febrero pasado el Tjebc ordenó al Instituto Estatal Electoral (IEE) publicar una nueva convocatoria en la cual se estipulara que el periodo de la gubernatura se ampliaría de dos a cinco años.

Con ello se dejó sin efecto la reforma electoral de 2014, en la cual los diputados modificaron el artículo 44 de la Constitución local para reducir la duración de los gobiernos del estado y de los ayuntamientos, así como de las diputaciones a dos años y 10 meses, con la finalidad de empatar los procesos electorales locales con los federales de 2021.

El propósito central era reducir los costos de las elecciones y lograr una mayor participación en las urnas, ya que en un periodo de seis años habría cinco comicios, lo que, argumentaban, provocaba una saturación que se reflejaba en un abstencionismo hasta de 70 por ciento.

Para modificar este punto, los jueces estatales argumentaron que un periodo de dos años violaba los derechos fundamentales de los candidatos, por lo que resolvieron que el próximo gobernador iniciaría su gestión el primero de noviembre de 2019 y concluiría en 2024.

La resolución se dio a partir de dos impugnaciones que presentó la abogada Blanca Favela Dávalos: la primera para rechazar la reducción del periodo de seis a dos años que aprobó el Congreso y la segunda para oponerse a la convocatoria de Morena de circunscribirla a un candidato único, lo cual le impidió participar en el proceso interno, ya que ese partido postuló a Jaime Bonilla Valdez, delegado del gobierno federal en el estado.

La quejosa argumentó que estos actos violan su derecho a ser votada. El Tjebc inició los expedientes MI-18-2019 y MI-21-2019, cuyo ponente fue el magistrado Leobardo Loaiza.

El segundo caso lo recibió a pesar de que Favela Dávalos omitió recurrir antes a la comisión de justicia de su partido para impugnar la convocatoria de candidato único.

Favela Dávalos es esposa de Víctor Morán, diputado de Morena que promovió infructuosamente en el Congreso local la ampliación de la gubernatura de dos a cinco años.