Un juez federal no encontró elementos suficientes para vincular a proceso a Francisco Javier Báez Álvarez, ex director de Programación y Presupuesto de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a quien la Fiscalía General de la República (FGR) lo indaga por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades por el presunto desvió de 185 millones 839 mil pesos durante la gestión de Rosario Robles.

El juez consideró que no era aplicable el artículo 66 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que imputó la fiscalía, y el cual señala que las dependencias y entidades serán responsables de que los pagos efectuados con cargo a sus presupuestos correspondan a compromisos efectivamente devengados y que se efectúen dentro de los límites de los calendarios de presupuesto autorizados.

Ayer se llevó la audiencia inicial donde integrantes del Ministerio Público Federal (MPF) solicitaron al juez de control Fernando Payá Ayala formular imputación contra Báez Álvarez, ya que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos abrió la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001929/2017.

De acuerdo con la fiscalía el ex funcionario autorizó el pago de nueve facturas relacionadas con la firma del convenio SEDATU/DGAPADN-UPFIM/ 339901.03/2016, en febrero de 2016 con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del estado de Hidalgo, a pesar de que no verificó que se cumplieran los lineamientos ni las reglas establecidas para su ejecución.

El acuerdo consistía en la contratación de servicio profesional y técnico para el desarrollo del sistema de operación del Centro Ciudad de las Mujeres, de Tlapa, Guerrero, pero los trabajos no se entregaron en tiempo y forma o fueron fraudulentos. Además, ni la Universidad Poltécnica o Sedatu comprobaron que se llevaron a cabo.

Pero no sólo eso, el MPF aseguró que el ex funcionario permitió los pagos y no revisó las notas a pesar de que se comprobó que la universidad no cumplió en su facturación ni desglosó el impuesto al valor agregado, y que en otras notas el servicio prestado a la Sedatu le generó un ingreso derivado de una actividad distinta a la naturaleza de su objetivo, es decir, eran recibos que tenían un número de convenio distinto.