La discriminación en México es un problema que enfrenta gran parte de la población, ya que una de cada cinco personas declaró haber sufrido al menos un acto de exclusión en los anteriores cinco años, según los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis) 2017.

El estudio fue elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual se subió a la plataforma del Sistema Nacional de Información sobre Discriminación y que fue presentado ayer en la Secretaría de Gobernación.

Los datos indican que en promedio una de cada cuatro personas mayores de 18 años encuestadas (23.3 por ciento) dijo que en ese mismo periodo se le negó de manera injustificada alguno de los siguientes derechos: atención médica y medicamentos, servicios en alguna oficina de gobierno, la entrada o permanencia a algún negocio, centro comercial o banco, recibir apoyo de programas sociales y acceder a un crédito de vivienda o préstamo.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que la discriminación se agrava contra quienes pertenecen a más de un grupo vulnerable: Tiene efectos múltiples entre quienes pertenecen a dos o más grupos históricamente discriminados, si es una niña, si es indígena y si además tiene algún tipo de discapacidad.

Por grupos vulnerables los resultados son: 24 por ciento de indígenas afirmó haber vivido al menos un acto de discriminación en el anterior lustro, 29 por ciento entre discapacitados, 27 de quienes profesan una religión distinta a la católica, 61 de los adultos mayores, 32 entre jóvenes y adolescentes y 23 por ciento de mujeres.

Sánchez Cordero dijo que en el marco de la construcción del Programa Nacional de Desarrollo de este gobierno se inició un diálogo con diferentes sectores (salud, educación, trabajo y seguridad social, entre otros) para poner en marcha una estrategia nacional contra ese problema y por la igualdad.

Alexandra Haas, presidenta del Conapred, detalló el agravamiento de la exclusión contra quienes pertenecen a dos o más grupos vulnerables: Mientras 20 por ciento de la población de 25 a 59 años tiene estudios superiores, la cifra entre mujeres hablantes de lengua indígena desciende a 4.6 por ciento, y si viven en áreas rurales la cifra es todavía menor. Agregó que 40 por ciento de la población en el mercado de trabajo remunerado cuenta con contrato laboral, pero se reduce a 10 por ciento entre hablantes de alguna lengua indígena.