En lo que va de la actual administración ha habido 15 defensores ambientales asesinados, lo que demuestra que hay una escalada de agresiones contra ellos, por lo que se hace un llamado a aplicar una política pública integral y que se trabaje en la prevención en el caso de los proyectos para mitigar los ataques, sostuvo Rodrigo da Costa, integrante de Amnistía Internacional (AI).

El año pasado 21 defensores ambientales fueron asesinados y se presentaron 49 ataques en su contra. Entre diciembre de 2010 y el mismo mes de 2018, en total 440 defensores fueron agredidos. Gran parte de los ataques provinieron de empresas y autoridades estatales, advierte el Quinto informe de la situación de violencia y agresiones de los defensores de medio ambiente en México, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Durante la presentación del texto, su coordinadora Alejandra Leyva explicó que en 2018, de los ataques que se tiene registro, 89 por ciento fue dirigido a personas, en menor medida a organizaciones y a comunidades. Los tres principales delitos fueron homicidio, en 25 por ciento de los casos, seguida por la criminalización, con 19 por ciento, amenazas 17 por ciento, agresión física 17 por ciento e intimidación 11 por ciento.

Destacó que el Estado es uno de los principales agresores, señalado en 36 por ciento de los casos, pero hay un alto porcentaje donde no son identificados. En 8 por ciento se responsabiliza a personal relacionado con las empresas y al crimen organizado en 4 por ciento. Entre los recursos naturales en disputa en estas agresiones, la tierra y territorio hay 70, mientras el agua 15 por ciento.

Hay una posible colusión entre personal de empresas y del sector estatal. Entre enero y diciembre el homicidio escaló, ya que en 2017 se observaba que se presentaban más amenazas, pero un año después fueron más asesinatos, indicó Leyva. Por entidades Puebla fue la entidad en la que el año pasado se registró el mayor número de casos con ocho, seguida por Oaxaca y Chihuahua, con seis. El mayor número de ataques, nueve, estuvieron relacionados con proyectos de infraestructura, ocho fueron por despojo de tierra y territorio, a la vez que hubo otros ocho relacionados con proyectos hidroeléctricos.

México ocupa el segundo lugar de los países de América Latina donde se presentan más agresiones, precedido de Colombia, señaló Da Costa. La situación no es sólo en México, es complicada para defensores ambientales en toda la región. América es la zona más peligrosa para ellos.

Detalló que los defensores ambientales asesinados desde diciembre pasado son Samir Flores, en Puebla; Manuel Martínez, en Hidalgo; Noé Jiménez Pablo, en Chiapas; Gustavo Cruz y Bernardino García, en Oaxaca; Quintín Salgado, en Guerrero; José Santiago y Sinar Corzo, en Chiapas, y Guadalupe Campanur en Michoacán, aunque este caso podría no estar relacionado con la defensa del territorio.