El gobierno federal reinstaló ayer el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (SNB) porque su integración original, registrada en octubre pasado –admitió el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas–, fue una simulación, como lo fue en su momento el ejercicio presupuestal de sólo 6 millones de pesos.

El funcionario hizo un llamado a las 19 entidades federativas que no han cambiado su marco legal ni instalado la comisión estatal de búsqueda de desaparecidos, a realizar las acciones en la materia.

Subrayó que el gobierno federal destinará 400 millones de pesos para este fin –frente a los 6 millones ejercidos en 2018–, de los cuales la mitad se asignará a las entidades que hayan completado su proceso local.

A esa cifra se sumarán 58 millones de pesos que 27 entidades asignaron de sus fondos federales para el fortalecimiento de la seguridad, dijo, y criticó que cinco estados no hayan destinado un peso a atender el problema de los desaparecidos.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que durante años ha habido un olvido institucional a la grave crisis de derechos humanos que representa la desaparición de personas. Es innegable la deuda que tiene el Estado mexicano ante esta terrible situación. Subrayó la necesidad de que esta problemática se visibilice, y para ello el nuevo gobierno federal ha reconocido en los ámbitos nacional e internacional esta crisis.

Reconocemos que hay decenas de miles de personas desaparecidas. Admitimos que son sus propias familias quienes los han buscado desde hace años. Reconocemos también que las investigaciones avanzan lento, que son prácticamente inexistentes las sentencias por desaparición y que existe una crisis forense.

Gracias a la interminable lucha de las familias, hace más de un año entró en vigor la ley en la materia. Sin embargo, hay que decirlo, hasta ahora hemos visto pocos resultados. La Comisión Nacional de Búsqueda no había tenido el papel central ni el apoyo institucional que requería. El sistema se debe convertir en instrumento de verdad y de justicia.

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda , Karla Quintana, señaló que el reto del SNB es titánico, por lo que las diferentes autoridades que lo conforman deben enfrentarlo asumiendo su responsabilidad, logrando que sea un sistema completo, coordinado y fuerte.

“El SNB tiene la obligación de tomar todas las medidas para responder a las justas exigencias de las familias de las personas desaparecidas y, como consecuencia, les permita a ellas, a ustedes, a la sociedad y al Estado mexicano, acercanos a la verdad y a la justicia.

Son más de 26 mil cuerpos sin identificar y cientos de miles de restos óseos en la misma situación. Cuando una persona desaparece, desaparece también, entre otras muchas cosas, la armonía familiar y social. Mientras no se sepa el paradero de esa persona y no se sepa la verdad de los hechos y no se juzgue a los responsables, desaparece también la justicia.

En nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el mandatario de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, consideró que la desaparición forzada lastima el corazón del estado de derecho. La injusticia y la impunidad desgasta a los familiares, que se agudiza por la indolencia o ineficiencia de la autoridad para investigar las desapariciones. Se ha desnudado su incompetencia.