Managua. La oposición en Nicaragua suspendió este lunes su participación en el diálogo con el gobierno del presidente Daniel Ortega en protesta por la represión contra manifestantes, que el oficialismo atribuyó a una provocación.

El Departamento de Estado llamó al régimen de Ortega a poner en libertad de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente; respetar la libertad de reunión, comprometerse a realizar reformas electorales y celebrar elecciones anticipadas libres y justas, mencionó el vocero Robert Palladino.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia informó en un comunicado que condena enérgicamente la represión ejercida el sábado, cuando opositores preparaban una marcha para exigir la liberación de detenidos por participar en protestas contra el gobierno, en un acto convocado por la Unidad Nacional Azul y Blanco, que aglutina a 43 organizaciones civiles, en la que fueron detenidas entre 100 y 165 personas que posteriormente fueron liberadas.

Los sucesos del sábado se suman a la desesperación que experimentan cientos de hogares que continúan viendo a sus familiares injustamente detenidos, al dolor que sentimos todos por los muertos y los desaparecidos, señaló la oposición.

La delegación del gobierno respondió en un comunicado calificando de inconcebible y contradictorio, que manifestantes opositores participaron en una provocación y alteración del orden público, refiriéndose a la protesta del sábado.

La alianza cívica denunció que el gobierno tiene detenidas a más de 700 personas sólo por defender sus derechos ciudadanos. Está en sus manos su liberación, así como el cese de la represión.

El gobierno negó esa cifra y anunció que presentará un informe del Sistema Penitenciario sobre el número de presos.

Ambas partes expusieron sus posturas a la prensa, de forma separada, en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, sede de las conversaciones en esta capital.

El diálogo está en un compás de espera, dijo el opositor José Pallais, quien también ponderó la importancia de generar confianza en la mesa de negociaciones.

La delegación del gobierno exigió a la oposición compromiso sincero y consensuar acuerdos positivos para Nicaragua, aunque evitó referirse a los presos políticos.

Las protestas antigubernamentales comenzaron en abril de 2018 contra una reforma a la ley de seguridad social, que derivaron en un pedido de renuncia del presidente Ortega. Hasta el momento suman 325 fallecidos por la violencia en las marchas, 700 detenidos y miles de exiliados, según organismos de derechos humanos.