El Gobierno de la Ciudad de México puso en operación un laboratorio anticorrupción cuya labor será identificar, medir y evaluar riesgos de conductas deshonestas en el servicio público con el propósito de establecer políticas para su combate.

El proyecto se realiza en conjunto con organizaciones civiles como Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad, así como El Colegio de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, informó el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Peña Merino.

El proyecto arranca con la realización de un estudio sobre la evasión del impuesto de la tenencia, con prácticas como colocar placas de otros estados a vehículos de lujo que circulan en la ciudad, así como sobre la implementación de una ventanilla única para trámites de construcción que permita eliminar la operación de gestores.

Asimismo, se realizará una evaluación la prestación de servicios urbanos como el suministro de agua potable o recolección de basura, con el propósito de detectar eventuales practicas irregulares.

Peña Merino dijo que el laboratorio no representa costo alguno para el gobierno local y por el contrario tendrá financiamiento de fondeadoras internacionales para la implementación de proyectos contra la corrupción.

Al señalar que se trata de un proyecto proyecto único en el mundo, destacó que la Ciudad de México es una de las entidades del país con mayor percepción y reporte de actos de corrupción en la realización de trámites.

El funcionario subrayó que de esta forma el gobierno de la ciudad contará con el apoyo de académicos y especialistas en el tema que ayudará al gobierno en la toma de mejores decisiones de combate a la corrupción.