l asesinato del periodista sonorense Santiago Barroso Alfaro, perpetrado el pasado viernes 15 en su propio domicilio de San Luis Río Colorado, no sólo incrementa la tétrica lista de comunicadores victimados en nuestro país, sino que vuelve más acuciante la pregunta que surge de manera unánime ante cada uno de estos acontecimientos: ¿hasta cuándo?
Como en cada caso, en éste abundan las expresiones de repudio al crimen, de solidaridad con los deudos y de preocupación por el recurrente fenómeno que, desde inicios de 2000 hasta hoy, ha cobrado la vida de 145 hombres y mujeres comprometidos con la labor de informar. Pero como casi se ha vuelto costumbre, también, las motivaciones y la autoría del nuevo homicidio permanecen en la penumbra, al menos hasta el momento.
Los últimos trabajos publicados por Barroso en un medio local –donde escribía una columna periódica llamada Sin compromisos– se referían por un lado a la actividad fronteriza del cártel de Sinaloa, y por el otro a los problemas de seguridad pública que afronta San Luis Río Colorado, por lo que la opinión extraoficial más generalizada atribuye su muerte al crimen organizado; pero en términos estrictos no parecen tener las autoridades mayores datos sobre las causas del asesinato y quienes lo cometieron.
Tan poco alentadores son los antecedentes sobre cómo se investigan los crímenes de las y los periodistas en México, que a los naturales sentimientos de indignación y pesadumbre, de inmediato se le agregan los de impotencia y escepticismo respecto a las posibilidades de que los autores del hecho sean identificados, detenidos y adecuadamente juzgados. No es esta ciertamente una reacción deseable, porque de alguna manera coloca a esta larga y odiosa serie de delitos en la categoría de hechos inevitables, de circunstancias inherentes a un estado de descomposición social, en lugar de ubicarlos como lo que son: atroces demostraciones de una brutalidad que se siente o se sabe impune.
Autoridades de Gobernación informaron que Santiago Barroso no se encontraba entre los beneficiarios del mecanismo de protección a comunicadores y defensores de los derechos humanos, instancia federal adscrita a esa secretaría que periódicamente da a conocer un informe estadístico que incluye los nombres de personas y colectivos protegidos por dicha instancia. Pero lo cierto es que su inclusión tampoco hubiera constituido una garantía de seguridad, porque el mecanismo, aun con sus bondades, sólo brinda algunas medidas individuales de protección que no van acompañadas de políticas públicas capaces de prevenir efectivamente la violación a los derechos de los comunicadores, empezando por el de la vida. Y en un contexto donde el índice de impunidad supera el 90 por ciento, este no es un problema menor.
Este nuevo crimen de un periodista –el cuarto del año en territorio nacional– exige una vez más que se rexaminen y hagan verdaderamente eficaces las medidas para proteger a quienes se dedican a informar y a proteger los derechos humanos. En tal sentido, la reactivación del plan de contingencia
del mecanismo de protección puede constituir un saludable punto de partida para que, en México, quienes se dedican a ejercer el periodismo dejen de ser blancos móviles de la violencia y el crimen.
