A petición de un tribunal colegiado en materia penal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la solicitud de facultad de atracción del caso de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para que sea el alto tribunal el que determine si el gobierno de Chihuahua tiene carácter de víctima en el presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos públicos.

El expediente fue turnado a la ministra Norma Piña Hernández, quien se encargará de elaborar el proyecto y, de ser un asunto de relevancia, será resuelto por el máximo tribunal.

Cabe recordar que la entonces Procuraduría General de la República se desistió de la acusación contra Gutiérrez por peculado al considerar que no tenía elementos suficientes, pues la fiscalía del estado de Chihuahua había entregado parcialmente la información.

Lo anterior derivó en que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunciara en septiembre de 2018 que interpondría una denuncia penal en contra del entonces encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, por el delito en contra de la administración de la justicia y que apelaría la resolución del juez que decretó el sobreseimiento de la acusación.

Corral Jurado aseguró que la PGR recibió toda la información y registros por parte de la fiscalía de Chihuahua pero que la procuraduría nunca llevó a cabo una investigación seria; por el contrario, había desechado las pruebas que en su momento obtuvo la fiscalía estatal y que fueron valoradas por jueces federales.

Entre las omisiones de la PGR, el gobernador de Chihuahua explicó que no solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información para buscar la ruta del dinero desviado y tampoco requirió a la unidad de inteligencia financiera un análisis detallado de la ruta del dinero.

Alejandro Gutiérrez fue detenido en diciembre de 2017 por su presunta participación en el desvío de recursos públicos que habrían ido a campañas electorales; permaneció en el Centro de Reinserción Social número 1, Aquiles Serdán, en Chihuahua.

Sin embargo, en abril de 2018, el décimo tribunal colegiado en Ciudad de México determinó que el juez de distrito administrador del Centro de Justicia Penal capitalino, con sede en el Reclusorio Norte, era legalmente competente para conocer la causa penal instruida a Alejandro Gutiérrez; después obtuvo la prisión domiciliaria para continuar su proceso por un delito del fuero común.