Después de tres décadas de la privatización de pensiones, los resultados no son nada favorables. Fabio Durán Valverde, especialista de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló que contrario a lo que se esperaba, las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron, los beneficios se deterioraron y los altos costos de transición crearon enormes presiones fiscales.

Asimismo, aumentó la desigualdad de género y de ingresos, de modo que las mayores perdedoras en este proceso han sido las mujeres.

En conferencia de prensa para presentar el informe mundial La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2002-2018), el coautor del documento recordó que el argumento principal para impulsar esta cambio de modelo fue que los sistemas públicos de pensiones eran insostenibles debido al envejecimiento demográfico, eran ineficientes y generaban presiones fiscales muy elevadas.

Destacó que América Latina fue el laboratorio donde se inició este modelo. Entre 1981 y 2014, 30 países privatizaron total o parcialmente sus sistemas de pensiones, 14 eran de la región, empezó Chile en 1981, México lo hizo en 1997. Y para 2018, 60 por ciento de las naciones revirtieron este sistema.

Añadió que con la privatización, la cobertura de la fuerza de trabajo en el caso de México, pasó de 37 por ciento, en 1996, antes de la reforma, a 30 por ciento en 2004.

En cuanto a la desigualdad de género dijo que las mujeres ganan menos que los hombres y cotizan por periodos más cortos porque se les asigna la función de la crianza. Esto hace que las carreras contributivas sean mucho menores, y en un sistema donde la pensión depende del esfuerzo individual, las mayores perdedoras han sido ellas, que han visto reducirse sus pensiones fuertemente.

Durán Valverde resaltó que este modelo representa costos administrativos, pues se deben financiar diversos gastos, en México, estos representan 40 por ciento.

El especialista destacó que es el sector financiero el que se ha beneficiado de los ahorros para la jubilación de los ciudadanos.

En el informe se señala que en México el costo anual de la transición de los sistemas públicos a los privados se estima en 1.3 por ciento del PIB y podría llegar a 3 por ciento en 2046.

Helmut Schwarzer, especialista en protección social de la OIT, dijo que una reversión de la privatización en México podría generar un espacio fiscal para el financiamiento de otras políticas.