Calificadoras, mal necesario
no de los problemas que veremos este sexenio es la presión de las calificadoras de riesgo para que el gobierno se ajuste a sus parámetros. Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s y HR Ratings son las que operan en el país y, sin duda, meterán presión a la actual administración para que presente buenos números en materia financiera.
Por un lado esta presión es positiva, ya que obliga al gobierno y a las empresas a que utilicen racionalmente sus recursos y transparenten sus movimientos financieros, lo que abona en el desarrollo de México.
Pero, por otro lado, las calificadoras tienen un oscuro pasado y su objetivo principal es ganar dinero y poder. Para empezar, son instituciones que forman parte de conglomerados privados o fondos de inversión globales y, por tanto, su interés básico es generar utilidades, independientemente de la calidad y transparencia de sus análisis.
En segundo lugar, los que les pagan son gobiernos y empresas que analizan, por lo que se convierten en juez y parte.
En tercero, sus análisis son superficiales y equivocados cuando hay problemas profundos o surge un evento irregular, conocido en el argot como cisne negro. Las calificadoras dieron muy buenas notas a fondos y bancos que tenían basura o deuda chatarra en Estados Unidos hace apenas una década. Lo mismo sucedió al calificar a Lehman Brothers unos días antes de que quebrara, en 2009.
Es decir, no son instituciones confiables en momentos difíciles, ya que sólo revisan informes de manera superficial, pero no se meten a las entrañas de las empresas o gobiernos que califican. El resultado es que han provocado grandes pérdidas a personas físicas y morales. Tan sólo hace una década participaron en la peor recesión de la historia de Estados Unidos.
Por ahora, ya le dieron el primer golpe a Petróleos Mexicanos y al gobierno de México por no quedar claro cómo se van a invertir los limitados recursos públicos. Pero el principal problema se presentará en el momento en que bajen la calificación a lo que se conoce como deuda chatarra, porque el financiamiento a México y a sus empresas públicas y privadas será más caro, lo cual generará menos inversiones, más desempleo y un freno de la economía.
