Buenos Aires. En una acción insólita, el juez Claudio Bonadío armó una causa más, de las casi 10 que ha creado contra la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, esta vez por tener en su poder una carta del héroe nacional José de San Martín dirigida al general Bernardo de O’Higgins, de Chile, en 1835, y un escrito digitalizado del ex presidente argentino Hipólito Irigoyen, de Unión Cívica Radical, quien gobernó en dos periodos, de 1916 a 1930, cuando fue derrocado por un golpe militar.

Esto sucede cuando la embajada de Estados Unidos está en la mira de las redes sociales, ya que en su cuenta de Twitter apareció un mensaje titulado Perdió Cristina, en referencia a las elecciones en Neuquén el domingo pasado, donde ganó el tradicional partido local y el perdedor fue el oficialismo, que quedó en un lejano tercer lugar.

Ante una reacción generalizada que menciona el término injerencia de la sede diplomática encabezada por Edward Prado, la legación lo atribuyó rápidamente a un hackeo de su cuenta, lo que no suena muy convincente, especialmente después de encontrar documentos membretados de esa misma embajada en el allanamiento al falso abogado y agente de inteligencia Marcelo D’Alessio con acreditación de la DEA y otros servicios extranjeros, por lo cual varios diputados de Unidad Ciudadana piden citar al diplomático ante la cámara baja.

Borramos un tuit que no posteamos nosotros. No sabemos todavía cómo sucedió, pero estamos investigando, aclaró la embajada, en un comunicado para advertir la falsedad del mensaje.

En tanto, los documentos utilizados por el juez Bonadío para procesar a la senadora Cristina Fernández de Kirchner fueron incautados durante uno de los allanamientos del año pasado en la casa de la ex presidenta en el sur del país, y en su departamento en Buenos Aires, ordenados por el magistrado, en lo que se denuncia aquí como una persecución política-mediática y jurídica.

Bonadío acusa a Fernández de Kirchner por presunto ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos, lo que impone una multa hasta de 100 mil pesos. También la denunció de haber robado un bastón de mando presidencial, aunque después dio marcha atrás, porque se comprobó que era un regalo de la familia del ex presidente peronista Héctor Cámpora (1973-1974), quien fue perseguido político y murió en el exilio en México.

El documento relacionado con Irigoyen estaba en un estuche que contenía el prontuario elaborado mediante espionaje de la policía de esa época sobre sus actividades entre 1906 y 1910, y se ve perfectamente que se trata de documentos digitalizados.

Sostiene el juez que Fernández de Kirchner no debía tener un documento que con más de cien años de antigüedad es histórico, a lo que ésta respondió que la acusación es absolutamente falsa, sumado al hecho de que lo que se me imputa ni siquiera constituye un delito, pues jamás tuve dolosamente en mi poder documentos ajenos o que debieran ser resguardados por alguna autoridad competente.

Esto sucede en medio del mayor escándalo jurídico-político en el gobierno de Macri, con la detención del falso abogado –y agente local y de otros países– Marcelo D’Alessio, en cuyo domicilio, allanado por orden del juez federal Alejo Ramos Padilla, se encontraron papeles que han hecho caer una de las acusaciones por la cual está detenido el ex ministro de Planificación Julio de Vido y algunos colaboradores.

Este lunes fue detenido por falso testimonio el perito en petróleo David Cohen, quien sostuvo que hubo maniobras de De Vido en la compra de gas licuado con sobreprecios, contradiciendo peritajes que no hallaron nada irregular.

Este maniobra se armó para detener preventivamente a De Vido, y para eso se contó con el testimonio, que resultó falso, del mismo D’Alessio, quien ha participado con jueces, funcionarios y periodistas en estas operaciones sucias y mafiosas que están saliendo a la luz, a pesar de lo actuado por el gobierno de Macri, tratando de quitar a los jueces independientes las causas que comprometen a funcionarios, servicios de inteligencia, embajadas, periodistas y magistrados como Bonadío y Carlos Stornelli, fiscal de la también ilegal causa de las fotocopias.

Por otra parte, el abogado Federico Paruolo, quien defiende a Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, denunció que su cliente, detenido por orden de Bonadío, fue amenazado para que su declaración involucrara a Fernández de Kirchner en la causa de las fotocopias.

En declaraciones al programa de radio del portal El Destape, denunció que a su defendido le pidieron que vinculara a la ex presidenta. Hubo tortura sicológica, pues dejaron incomunicada a una persona de 74 años con tal de obtener una confesión. Añadió que trataron de convencerlo de que fuera con un defensor de oficio, porque éstos les dicen que si declaran lo que Bonadío y Stornelli quieren quedan libres.