El sector de la vivienda en México se consolidó entre 2000 y 2012 (gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón), cuando se implementó una política de subsidios. En ese contexto cobraron auge inmobiliarias como Geo, Homex, Sare y Urbi.

En 2013 el sector enfrentó una crisis que en su momento se asoció a la Política Nacional de Vivienda, que se presentó en ese año (política de construcción de casas cerca de los centros de trabajo).

Hasta entonces, Geo, que comenzó operaciones en 1973, había sido una de las principales desarrolladoras en zonas aledañas de gran concentración laboral.

En 2013 se declaró imposibilitada para pagar 2 millones 348 mil 888.89 pesos por intereses por una emisión de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En marzo del siguiente año presentó una solicitud de concurso mercantil para restructurar su deuda de 17 mil millones de pesos.

En 2015 logró salir del concurso mercantil, al recibir capitalización por 3 mil millones de pesos y formarse una nueva gestión, en la que se redujo la participación de su fundador, Luis Orvañanos.

La firma prometió a sus socios, entre ellos Banorte (56.3 por ciento de los títulos) y Capital Inmobiliario, que mantendría su portafolios de 77 proyectos y utilizaría otros 37 para saldar deudas. Asimismo, planeó construir hasta 25 mil casas anuales.

Sin embargo, en un reporte enviado a la BMV en marzo de 2017 seguía advirtiendo problemas.

En mayo de 2018, Sólida –división inmobiliaria de Banorte– le interpuso una demanda por el incumplimiento de un fideicomiso valuado en 2 mil 888 millones de pesos.

El 22 de noviembre del año pasado, nuevamente, en un reporte enviado a la BMV, Casas Geo argumentó que su efectivo era insuficiente para hacer frente a sus obligaciones, por lo que su asamblea general ordinaria de accionistas había ordenado la disolución de la empresa.

Finalmente, ayer, un juez federal declaró la quiebra.