En México existen varios casos de supuesta deserción de soldados y marinos que en realidad podrían ocultar asesinatos o desapariciones que las autoridades castrenses no se han ocupado de investigar, en gran medida porque así se deslindan de las responsabilidades legales y económicas que tienen con la víctima y su familia, señaló Guillermo Naranjo, integrante de la asociación de litigio en derechos humanos Idheas.

De acuerdo con el abogado, una de las hipótesis que explicarían este fenómeno de pretendidas deserciones es el reclutamiento forzoso de personal militar por parte de grupos de la delincuencia organizada e incluso el recurso de enviar a zonas de peligro a elementos inconformes por una u otra razón con el funcionamiento de las instituciones armadas, para deshacerse de ellos.

Un ejemplo de lo anterior podría ser el caso del infante de marina Paolo Cano Montero, quien desapareció el 29 de octubre de 2010 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en un episodio marcado por contradicciones de las últimas personas que lo vieron y en el que los mandos de la víctima se apresuraron a declararlo como desertor, en vez de buscarlo y presentarlo con vida.

Como informó La Jornada en su momento (18 de junio de 2018), la ausencia de Cano no fue notificada de inmediato a sus familiares, y cuando el padre del marino pidió saber qué había ocurrido con su hijo, se le indicó que éste había faltado tres días consecutivos y se le consideraba un desertor. Sin embargo, el celular, la cartera y otras pertenencias fueron encontradas en su gaveta, lo que dio pie a dudas.

Desapariciones, comunes

Una funcionaria judicial encargada del caso, afirmó Naranjo, admitió de manera extraoficial que las desapariciones de soldados y marinos en zonas de actividad intensa de grupos delictivos “eran bastante comunes, y la hipótesis es que uno de ellos estaba levantando personal del Ejército, la Marina y la Policía Federal para reclutarlos”.

Aunque Idheas debe realizar un análisis de contexto para confirmar que dichas versiones sean correctas, la funcionaria nos comentó que este no es un caso aislado. Tenemos indicios de que a varios elementos que consideran desertores, es porque ya los desaparecieron.

El litigante subrayó que cuando un elemento castrense pide su baja de manera voluntaria, la institución a la cual pertenece les paga una cantidad de dinero y los mantiene detenidos o ubicables durante un tiempo, pero cuando no es así, los obligan a ser carne de cañón al enviarlos a hacer cosas muy complicadas en lugares donde saben que va a haber una reacción de grupos delictivos.

“Este caso representa la otra cara de la lucha contra el narco, porque casi todos hablan de las víctimas civiles, pero no de las militares. Para salvaguardar la honorabilidad de las instituciones, las autoridades no admiten que sus elementos puedan ser objeto de desaparición. Prefieren ocultarlo a toda costa –aunque eso le cueste la vida a los familiares de la víctima–, que buscar y ayudar a sus elementos”, dijo Naranjo.