Desvincular los comités ciudadanos de los partidos políticos y de los gobiernos de alcaldías para generar auténticos órganos de representación ciudadana es posible con cambios en el proceso para su elección en la nueva ley de participación ciudadana que elabora el Congreso capitalino.

El diputado de Morena, Martín Padilla Sánchez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, adelantó que la elección de representantes vecinales que se plantea en la nueva norma no será por planilla, sino mediante registros individuales, y mantiene el proceso por voto universal, libre, directo y secreto porque así lo establece la Constitución de Ciudad de México, pero en asambleas ciudadanas convocadas por el Instituto Electoral local (IECM).

Recordó que la Constitución indica que debe existir un órgano de representación ciudadana en cada unidad territorial, conformado por nueve integrantes honoríficos que permanecerán tres año; la nueva ley establecería que deberán garantizar paridad de género y tener representación de jóvenes y adultos mayores, en tanto que el IECM tiene que garantizar la participación de personas con alguna discapacidad, por ejemplo, en el caso de que un ciudadano que se comunica con lengua de señas mexicana pueda disponer un traductor para comunicarse ante la asamblea.

Aclaró que por ningún motivo la figura del órgano de representación ciudadana desaparece, aunque podría cambiar su denominación actual de comités ciudadanos, pero en el caso de los concejos de los pueblos éstos sí desaparecen y será la ley reglamentaria correspondiente la que definirá los mecanismos para que las comunidades originarias elijan a sus autoridades tradicionales y representantes, de acuerdo con sus propios sistemas normativos y procedimientos.

Agregó que el fin es que se cumpla lo que dispone el numeral 2 del artículo 1 de la Constitución, el cual establece que en la capital la soberanía se ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y participativa, para preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad.