La justicia federal determinó amparar y proteger al pueblo El Contadero (antiguamente Nepopualco), Cuajimalpa, contra la edificación del hospital general de la demarcación en terrenos inadecuados, la cual causaría grave perjuicio a la comunidad, como se desprende de la sentencia, cuya copia está en poder de La Jornada. El juez primero de distrito en materia administrativa en Ciudad de México concedió amparo y protección de la justicia federal a El Contadero contra la construcción, emprendida por el gobierno capitalino en diciembre de 2016, para sustituir el hospital Materno-Infantil siniestrado en enero de 2015 por una explosión de gas.

En febrero de 2017 vecinos de El Contadero, considerando que el gobierno de Ciudad de México violentaba sus derechos como pueblo originario, demandaron un amparo que reclamaba que se omitió la consulta, previa, libre e informada al pueblo indígena de El Contadero, sin solicitar evaluaciones de impacto ambiental para obtener las autorizaciones de acuerdo con las leyes, lo cual debió ocurrir antes de iniciar la construcción.

En octubre de 2017 el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó que los quejosos acreditaron contar con legitimación para reclamar diversas omisiones con motivo de la construcción del hospital, a efecto de proteger las costumbres, tradiciones e identidad cultural de la comunidad, incluyendo su derecho a un medio ambiente sano. Ante las trabas y obstáculos de los gobiernos federal y capitalino, la defensa jurídica comprobó las omisiones mediante oficios de las comisiones nacionales de Pueblos Indígenas y del Agua, y añadió estimaciones, minutas y oficios consecuencia del contrato de obra publica. Finalmente, el 18 de enero de este año se dictó la sentencia del juicio de amparo indirecto 189/2017, concediendo protección al pueblo de El Contadero contra la construcción del nosocomio.

De acuerdo con Kosmo Publicus, organismo civil que participa en la defensa de El Contadero, en caso de que continúe la construcción, la jefa de gobierno capitalino y la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberán realizar consultas públicas al pueblo en cuestión y a los habitantes de la ciudad, según lo previsto en el artículo segundo constitucional, el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Ley de Participación Ciudadana de Ciudad de México.

Las autoridades deberán obtener los dictámenes, permisos o licencias para la obra pública, específicamente la autorización de impacto ambiental. Dicha autorización, precisa el juez, determinará si procede continuar con la construcción del Hospital en el predio determinado para tal efecto. El juez federal dictó que el amparo se extiende a todos los actos posteriores al inicio de las obras que, al ser fruto de actos viciados, resultan inconstitucionales, según los quejosos.