La política antidiscriminatoria en el país presentó deficiencias, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su reporte más reciente. Expuso que en 2017, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) mostró una limitada focalización en la formulación, implementación y evaluación de la adopción de políticas públicas en la materia.

Lo anterior, añadió, principalmente debido a que no cuantificó la población de los 18 grupos que se tienen identificados como vulnerables.

Señaló que en ese año el Conapred diseñó e implementó seis objetivos y 242 estrategias derivadas del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018, en el cual se articula y orienta la gestión pública antidiscriminatoria de la administración pública federal. Sin embargo, no se elaboró el programa anual correspondiente que incluyera objetivos, indicadores y metas específicas que permitieran evaluar su avance.

Incorporación a constituciones

Por otra parte, se constató que en 2017 las 32 entidades federativas contaron con una ley antidiscriminatoria; 26 estados incorporaron en sus constituciones la cláusula en la materia y 28 realizaron la tipificación, en los códigos penales, de la discriminación como un delito en sí mismo y como agravante de otros.

Claudia Iveth Álvarez Ramírez, especialista de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó que a partir de la reforma de junio de 2010, el país avanzó en la materia, al incluir en el artículo primero de la Constitución la prohibición de cualquier tipo de discriminación en el país por distintas condiciones.

Sin embargo, añadió que pese a esta política y al actuar del Conapred, el panorama es crítico. En comunidades y poblaciones hay un fuerte vacío que si bien está en la legislación, en la forma de operar las personas o no conocen sobre el tema, no denuncian o no se miran como personas que tienen derechos.

Señaló que hace falta dotar a las instituciones de mayor fortaleza para que las personas que acudan a denunciar sepan o tengan la seguridad de que lo que están haciendo es desde el marco de los derechos humanos y habrá una respuesta institucional.

Álvarez Ramírez señaló que se requiere difusión de forma muy general sobre todo lo que es la política pública y el marco legal de protección para todas las personas que son vulnerables a sufrir discriminación.