A 15 años de que fue creado, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) no ha cumplido con el mandato legal de promover, apoyar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas para la atención de ese sector.

Con una población afiliada de 6.9 millones, 46.1 por ciento de las personas de esa edad en el país, carecía de información de cuántos ancianos estaban en desamparo, incapacidad y marginación.

Esto señala la inspección de desempeño del Inapam a la cuenta pública 2017 de la Auditoría Superior de la Federación, y agrega que durante ese año el organismo ofreció a la población adulta mayor servicios como la expedición de un millón 281 mil tarjetas, otorgó 2 mil 995 asesorías jurídicas y 165 mil 860 servicios en las residencias de día, sin que acreditara que efectivamente entregó dichos servicios y que atendió a la totalidad de las personas adultas mayores que lo solicitaron, así como el universo de beneficiados.

Refiere que tampoco estableció indicadores y metas para evaluar la incidencia de los servicios de asistencia social que brindó a los adultos mayores para propiciar un mayor bienestar físico y mental.

Respecto de la cobertura de atención del Inapam, a 2017 tenía afiliadas a 6.9 millones de personas de 60 años y más, 46.1 por ciento de la población total de esa edad, que asciende a 15 millones de personas.

El 17 de enero de 2002, el Instituto Nacional de la Senectud cambió su nombre a Instituto Nacional de las Personas en Plenitud y se incorporó como organismo descentralizado a la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); posteriormente pasó a ser el Inapam.

Rector de la política social para los adultos mayores

El reporte apunta que en 2017 el instituto no cumplió con su mandato de ser rector de la política pública de atención a los adultos mayores y careció de un diagnóstico adecuado y actualizado, congruente con el objetivo para el cual fue creado, ya que si bien identificó el problema público que afecta a las personas adultas mayores, sus causas y sus efectos, no focalizó a su población objetivo.

Agrega que la Secretaría de Bienestar, antes Sedesol, no acreditó que hubiera promovido en ese año la suscripción de convenios para la atención de las personas adultas mayores, en materia de desarrollo social y humano, dirigidas a los grupos prioritarios en las regiones más marginadas del país. Tampoco proporcionó evidencias de que coordinó, con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estrategias y programas para la atención de los adultos mayores, por lo que no cumplió su mandato como organismo público rector de la política nacional en favor de este sector de la población.

En cuanto a la integración y actualización del Registro Único Obligatorio de Instituciones Públicas y Privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención para los ancianos, hasta 2017 el instituto registró 3 mil 560 instituciones que prestaron servicios de atención, pero no dispuso de criterios y lineamientos para su integración, lo cual revela que después de 15 años de operación no ha logrado vigilarlas y supervisarlas.