Lunes 25 de febrero de 2019, p. 11
La senadora panista Minerva Hernández, secretaria de la Comisión de Hacienda, resaltó que ante la complejidad y el uso de tecnología avanzada en las operaciones de procedencia ilícita, se requiere la actualización constante del marco jurídico para frenar el lavado del dinero.
La legisladora destacó que en el país se ha avanzado en la consolidación del marco jurídico para controlar el flujo del dinero proveniente de actividades delincuenciales, sin embargo, subrayó, persiste la impunidad.
Hernández refirió que de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgo, elaborada por la Secretaría de Hacienda, los principales delitos determinantes que generan fondos ilegales son el tráfico de drogas, la corrupción y la evasión fiscal.
Agregó que el informe Evaluación Mutua, realizado en enero de 2018 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), señala que podrían estar ingresando a México grandes cantidades de dinero producto del delito generado en jurisdicciones extranjeras a través de transferencias electrónicas internacionales en efectivo.
La legisladora panista por Tlaxcala, al participar en el foro Flujos financieros ilícitos: retos para enfrentar la delincuencia organizada
, recalcó que la ineficacia en las investigaciones y fiscalización de este tipo de ilícitos se traduce, indirectamente, en una nula rendición de cuentas, opacidad en las cifras y una alarmante situación de impunidad que enfrenta la sociedad.
Destacó que en esta legislatura presentó dos paquetes de iniciativas relacionadas con el combate al lavado de dinero: el primero, explicó, plantea cambios a las leyes Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, General del Sistema de Seguridad Pública y Del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Con esas propuestas se busca, detalló, que la Unidad de Inteligencias Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, cuente con autonomía técnica y de gestión, y se encargue del análisis, prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita.