En 2017, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) careció de los elementos que permitan determinar si con el nuevo sistema de justicia penal se avanzó en atender la problemática estructural caracterizada por prácticas de corrupción, faltas al debido proceso, opacidad, saturación, dilación, defensoría pública rebasada y deficiente vinculación entre policía y Ministerio Público, afirma la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Respecto de la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), señala que persistieron deficiencias en la procuración e impartición de justicia, debido a que los protocolos de la Policía Federal no cumplieron con el objetivo de dotar al primer respondiente con instrumentos homologados para su actuación; la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General) requiere implementar mecanismos para garantizar la conclusión y evitar el rezago de las averiguaciones previas derivadas del Sistema de Justicia Penal Inquisitivo.

En lo que corresponde a la impartición de justicia por el CJF, reitera que persiste el riesgo de la saturación del sistema que, de no controlarse, no garantizará los derechos de las víctimas, en términos de la procuración de justicia pronta, completa e imparcial.

En el Informe de la Cuenta Pública de 2017, la ASF señala que el Consejo de la Judicatura Federal dictaminó sobre los resultados obtenidos en la fase preparatoria, las salidas alternas del proceso, el juicio oral y la ejecución, e implementó el Sistema de Carrera Judicial; sin embargo, su operación careció de indicadores, metas e información para evaluar lo que pretendía lograr en materia de audiencias, la saturación y dilación del proceso de impartición de justicia, lo que limitó que, a un año y medio de la puesta en operación del SJPA, el CJF estuviera en posibilidades de determinar su contribución a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial y ejercer el presupuesto con base en resultados.

Agrega que lo anterior limitó conocer si con la operación del SJPA se atendió el problema relativo a la deficiente capacidad para que el CJF impartiera justicia pronta, completa e imparcial para 83.4 por ciento (17 mil 249 imputados) que ingresaron en ese año y que para el 31 de diciembre de 2017 están a la espera de la conclusión de su proceso, así como del ejercicio de los recursos destinados a su operación.

Asimismo, en el mismo año el CJF careció de los elementos que permitan determinar si con el nuevo sistema de justicia penal se avanzó en atender la problemática estructural caracterizada por prácticas de corrupción, faltas al debido proceso, opacidad, saturación, dilación, defensoría pública rebasada y deficiente vinculación entre policía y Ministerio Público.