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Aún lejano, aplicar la justicia con perspectiva de derechos humanos
 
Periódico La Jornada
Miércoles 20 de febrero de 2019, p. 5

A pesar de los esfuerzos realizados, juzgar con perspectiva de derechos humanos, igualdad y no discriminación dista de ser una realidad en México, afirmaron activistas.

Organizaciones integrantes de la Red por la Ciudadanización de la Justicia, entre ellos Asilegal y Equis por la Justicia de las Mujeres, presentaron el informe No es justicia, en el cual analizaron más de cien sentencias emitidas por los poderes judiciales de ocho entidades e identificaron deficiencias tecnico-jurídicas en la aplicación de las leyes.

Entre los hallazgos, indicaron que 85 por ciento de las sentencias y/o resoluciones judiciales no consideraron cómo influyeron los estereotipos de género o las características de identidad de las personas involucradas en el caso, ya fuera en los hechos o en la generación del conflicto que se presentó ante el juzgador.

Asimismo, en 80 por ciento de los casos los juzgadores analizaron las situaciones de violencia contra las mujeres de manera aislada y no como parte de una problemática social basada en la discriminación por motivos de género. En 47 por ciento, los jueces no valoraron las situaciones de violencia, que se advertían de manera explícita en el relato de las mujeres.

En conferencia de prensa, integrantes de la organización civil expresaron que ante un Poder Judicial tradicionalmente opaco, inaccesible y cerrado a la sociedad, la red es una iniciativa que busca abonar a la democratización y su legitimación.

Es común saber de sentencias judiciales que en lugar de proteger, abandonan; en vez de juzgar, discriminan, y en lugar de ga-rantizar derechos, toleran violencia, especialmente contra mujeres, además de que el lenguaje discriminatorio persiste en las resoluciones.

En el documento recomiendan que los togados juzguen con perspectiva de derechos humanos, igualdad y no discriminación. Hace falta llevar la teoría a la práctica, pues las sentencias y/o resoluciones judiciales siguen siendo las mismas que hace siete años, antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.