La información sobre la cantidad de basura que se genera en México no es confiable para tomar decisiones de forma eficaz y eficiente, así como que los programas de calidad del aire (ProAire) para atacar la contaminación ambiental tienen relación marginal o nula con la política relativa al calentamiento global, son algunas deficiencias que reporta la Evaluación estratégica del avance subnacional de la política nacional de cambio climático.

El informe divulgado ayer en el Diario Oficial de la Federación fue realizado por la Coordinación de Evaluación, organismo integrado por consejeros sociales independientes, con la participación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

La evaluación abarca la mitigación y adaptación en 18 municipios en seis entidades: Ecatepec, Toluca y Villa de Allende en el estado de México; Cuautitlán de García Barragán, Guadalajara y Puerto Vallarta en Jalisco; Galeana, Linares y Monterrey en Nuevo León; Ahome, Sinaloa y Culiacán en Sinaloa; Atzalan, Veracruz y Coatzacoalcos en Veracruz, y Chichimilá, Mérida y Tizimín en Yucatán.

Entre los resultados que se presentan están que la participación de estados y municipios para aprovechar las oportunidades en la generación limpia de energía eléctrica es impostergable, pero no consideran las acciones de facilitación, soporte, promoción y puesta en marcha de ahorro de energía, eficiencia energética, energías limpias y generación distribuida.

Refiere que a escala federal no existe claridad de la forma en que la Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del Estado, incluye o incorpora energías limpias en sus operaciones. Tampoco, agrega, es posible conocer las emisiones de las fuentes puntuales del sector de generación de electricidad, debido a que la información del Registro Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero no es público.

Destaca que el transporte es la principal fuente de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero en México. Los tres órdenes de gobierno tienen obligación de promover el transporte sustentable, aunque la relación entre este sector y la política de cambio climático es prácticamente inexistente. Agrega que ninguna de las entidades federativas consideradas en la evaluación tiene un programa de transporte público y en los municipios analizados no se identificó ningún instrumento relacionado con este sector.