De acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, la segunda etapa en la batalla contra el robo de hidrocarburos incluirá la identificación de los líderes de las organizaciones delictivas, conocidos como huachicoleros, sus operadores regionales, testaferros y los servidores públicos que los protegen, a fin de proceder al congelamiento de las cuentas bancarias y asegurar vehículos e inmuebles dedicados a ese ilícito.

En ese documento, que el Senado recibió el viernes pasado, ya que debe aprobarlo –de acuerdo con en el artículo 69 constitucional– se resalta que el mercado ilícito de hidrocarburos ha causado severos daños a la economía nacional, es detonador de violencia inusitada en diversas regiones, fomenta la corrupción y genera graves conflictos sociales, que han derivado en tragedias.

Para dar respuesta integral al problema, además del impulso de programas sociales que inhiban las conductas criminales, el gobierno federal determinó que adicional a los esfuerzos de la Secretaría de la Defensa Nacional para garantizar la seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex), “se sumen todas las capacidades institucionales del Estado.

Vehículos y propiedades

En una primera etapa, en la estrategia del gobierno federal se plantea que previo a ello, se requiere poner en marcha medidas de inteligencia que permitan prevenir el robo de hidrocarburos o sabotajes a las instalaciones de Pemex.

Asimismo, auxiliar a la Fiscalía General de la República con información táctica de todas las detenciones que se realicen en flagrancia, a efecto de apoyar la judicialización de detenidos y en el aseguramiento de vehículos y propiedades.

En la segunda etapa, se procederá a identificar el número de investigaciones en curso, determinar cuántos de los involucrados cuentan ya con mandamientos judiciales en contra y establecer un programa de cumplimiento de órdenes de aprehensión de los huachicoleros.

Se deben determinar los objetivos prioritarios, los delincuentes a consignar con pedimento de órdenes de aprehensión, las cuentas bancarias que deben ser intervenidas, los bienes inmuebles que deben ser cateados y asegurados, las estaciones de servicio que deben ser inspeccionadas, además de identificar a “los líderes sociales regionales relacionados con el robo de combustible a Pemex.

En una tercera etapa del combate al huachicoleo, el gobierno federal se propone evaluar resultados, a través de la capacidad de respuesta a los ataques a ductos y la disminución en las pérdidas, así como del número de investigaciones iniciadas, personas detenidas y procesadas, así como de bienes, cuentas bancarias y empresas asegurados.

La Estrategia Nacional de Seguridad será evaluada en comisiones, dentro del proceso legislativo para dictaminarla.