Si no se respeta el precepto de la Constitución Política de Ciudad de México que impide a los diputados del Congreso capitalino ocupar cargos de forma simultánea en la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, y que ambos órganos sean presididos por representantes de un mismo partido, debe poner en estado de alerta a los ciudadanos sobre el trabajo que tienen por delante los legisladores en las leyes pendientes de expedir, así como los nombramientos e instancias que deberán formar por mandato constitucional.

La diputada constituyente e integrante del Observatorio Ciudadano en Defensa de la Constitución Política de Ciudad de México, Mayela Delgadillo Bárcena, advirtió lo anterior ante las violaciones infringidas en la instalación de la Comisión Permanente del Congreso el pasado jueves.

La decisión de que diferentes partidos encabecen las instancias de dirección y gobierno (del Congreso) implica un ejercicio más democrático contra un poder único, de una sola fuerza política.

Al ser entrevistada luego de participar en la cuarta reunión de la Comisión de Participación Ciudadana que preside el diputado de Morena, Martín Padilla Sánchez, para elaborar el proyecto de ley en la materia, Delgadillo dijo que la máxima preocupación del observatorio es que todo aquello que no les guste no se respete y eso se traduzca en los contenidos de las leyes por expedir, como hizo la extinta Asamblea Legislativa.

Adelantó que el Observatorio Ciudadano estaría por emitir un pronunciamiento sobre la alteración a las disposiciones sobre el funcionamiento del Congreso, pero no sólo sobre ese tema, sino porque no se otorga el tiempo suficiente para la creación de las leyes constitucionales, como la de derechos humanos y sus garantías, en la que se violentó también el término constitucional de 10 días para permitir a los ciudadanos presentar observaciones a todas las iniciativas para elaborar el dictamen que se sometió a votación del pleno.

Agregó que el Congreso tampoco cumple el principio de parlamento abierto que establece la Constitución, lo que ha impedido a los ciudadanos ejercer el derecho de emitir opiniones sobre las iniciativas que se han presentado en el Legislativo.