La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados prevé agregar al catálogo de delitos que merecen prisión oficiosa preventiva únicamente el uso de programas sociales con fines electorales, corrupción y robo de combustibles (huachicol).

Con ello, se excluye de la minuta del Senado el robo a casa habitación y al transporte, feminicidio y abuso sexual o violencia contra menores.

El proyecto, que se distribuyó a diputados y será discutido en la comisión el lunes, considera que la prisión oficiosa debe afectar en lo mínimo los derechos humanos. Ayer, PRI, PAN, MC y Morena plantearon abrir consultas –como ocurre con el debate sobre la Guardia Nacional– y sacar el tema del periodo extraordinario.

Efectos en la esfera jurídica

Según el proyecto, eliminar los actos ilícitos ya incluidos por Senado atiende los señalamientos de que incrementar el catálogo afecta la esfera jurídica de las personas y que esa tendencia viola la presunción de inocencia, el debido proceso, la seguridad jurídica, independencia judicial, igualdad, integridad de las personas y el principio de progresividad de los derechos humanos.

No obstante, anticipa que podrán incorporarse en una discusión posterior de las iniciativas de diputados de distintos partidos, que han propuesto considerar la prisión preventiva oficiosa para delitos como robo al transporte de carga y de pasajeros y feminicidio, y sólo si se configuran como conductas que vulneren la seguridad del Estado mexicano y de las personas.

El proyecto justifica que se agregarían tres delitos que sí constituyen daño grave al país. En el caso del uso de programas sociales con fines electorales, considera que se trata de los que más profundamente impactan en la sociedad y que considerarlo busca fortalecer las instituciones democráticas, lograr la observancia de los principios que rigen la materia electoral y proteger la función de la política social.

Respecto de la corrupción, refiere que si bien la Ley General de Responsabilidades Administrativas considera sanciones, éstas no han inhibido esa práctica, a pesar de que es la mayor barrera a la entrada para hacer negocios en México, por encima de la inseguridad. El mensaje de prisión preventiva para este delito es dejar en claro el trato que recibirán funcionarios que se presten a la corrupción, indica.

Sobre el robo de combustibles, refiere que la mayoría de detenidos ha obtenido su libertad con suma facilidad, lo que resulta atractivo para las bandas delincuenciales y representa un peligro para el país.