El martes próximo se instalará la comisión especial para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, compromiso que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó como primer acto de gobierno.

Con dicho mecanismo extraordinario dará inicio formal en este sexenio la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes contra los estudiantes, perpetrados entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que dejaron seis personas asesinadas, 43 normalistas desaparecidos de manera forzada y varios lesionados.

La comisión de la verdad es la respuesta del gobierno de López Obrador a la incansable exigencia de los padres de los jóvenes, pues 51 meses despúes de los hechos se desconoce su paradero, siguen sin ser señalados todos los responsables y las investigaciones ministeriales permanecen estancadas. La decisión del mandatario federal ha renovado la esperanza de los familiares de los normalistas de conocer lo que realmente sucedió con sus hijos.

En entrevista tras un acto en la Secretaría de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de esa dependencia, Alejandro Encinas Rodríguez, quien coordinará la comisión, dijo que se analizarán todas las hipótesis posibles, sobre todo las líneas de investigación que quedaron pendientes y lo que se dejó de hacer durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Esto incluirá, subrayó, el expediente de la Procuraduría General de la República –una de cuyas principales líneas es la llamada verdad histórica, que apunta a que fueron asesinados y calcinados por integrantes del crimen organizado en el basurero de Cocula– y los pendientes de esa indagatoria, así como la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso.

También, el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la investigación que llevó a cabo la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El pasado 3 de diciembre, López Obrador firmó un decreto presidencial para crear dicha instancia, cuyo objetivo es conocer la verdad de los crímenes contra los normalistas, deslindar responsabilidades, reparar violaciones a los derechos humanos y hacer justicia. Tras la publicación de ese mandato en el Diario Oficial de la Federación, se dio un plazo de 30 días para instalar formalmente la comisión, el cual concluye el próximo martes.

Encinas coordinará los trabajados de la comisón, que estará integrada por funcionarios federales, los padres de los normalistas desaparecidos e integrantes de las organizaciones civiles que los representan , además de los expertos y profesionales técnicos que se requieran. También se prevé que coadyuven instancias internacionales.