El riesgo en Chiapas sigue para cientos de personas desplazadas de manera forzosa en la región de los Altos, particularmente en el municipio de Chalchihuitán, donde existen aún mil 227 personas (277 familias) que fueron orilladas a dejar sus hogares desde octubre y noviembre de 2017 por ataques de grupos armados, y hasta la fecha no pueden regresar por los riesgos que ello conllevaría.

Líderes de esa comunidad, que prefirieron el anonimato, por la situación de violencia y persecusión que enfrentan, y personal del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) informaron en entrevista con este diario que las autoridades estatales y federales no han cumplido hasta ahora las medidas cautelares en beneficio de los afectados emitidas en noviembre de 2017 y febrero de 2018 por las comisiones Nacional (CNDH) e Interamericana de Derechos Humanos Humanos (CIDH), respectivamente.

Recordaron que el conflicto tiene su origen en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, debido a una diferencia agraria que no fue atendida a fondo por las autoridades en la materia, por lo que pobladores de Chalchihuitán y Chenalhó han peleado por tierras desde entonces.

La situación se tensó en octubre de 2017, cuando grupos paramilitares procedentes de Chenalhó ingresaron a Chalchihuitán y presuntamente asesinaron al líder Samuel Luna Jirón, posteriormente quemaron casas y amenazaron y agredieron a pobladores para que dejaran sus tierras. Aunado a ello, un tribunal agrario emitió una resolución favorable a los primeros, lo que en su momento fue criticado por un centenar de organizaciones civiles. Esto generó un éxodo forzoso de más de 5 mil personas.

Uno de los líderes de Chalchihuitán señaló que cientos han sido obligados a regresar a sus comunidades, pero sin las condiciones de seguridad adecuadas, pues aún hay disparos y balaceras en la región. Es el síndico municipal, Hermelindo García Núñez, quien ha amenazado a muchos compañeros para que retornen.

Refirió que los desplazados permanecían en 10 campamentos, de los cuales cuatro fueron desmantelados entre el 19 y 20 de diciembre pasado, generando mayor tensión. Desde que dejaron sus hogares, hace más de 14 meses, han muerto 11 personas –una de ellas Luna Jirón– debido a la precariedad en que se encuentran. La mayoría de los desplazados son mujeres, niños y ancianos, que constantemente enfrentan hambre y sed, falta de acceso a servicios de salud y medicinas, entre otros.

Mario Ortega, abogado del Centro Frayba que acompaña a los desplazados, demandó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador resolver el conflicto, implementar las medidas cautelares emitidas por la CNDH y la CIDH y que la ayuda humanitaria fluya de manera constante.

Subrayó que se debe realizar una investigación a fondo y científica hasta saber quién apoya y dota de armas a los paramilitares que operan en los Altos, que podrían estar relacionados tanto con autoridades locales como con bandas del crimen organizado; sancionar a quienes realizaron los ataques y desactivar a los grupos armados.