n pocas horas, una parte de la zona metropolitana de la capital del país fue tomada por los acechantes ejércitos de resistencia poselectoral y por las súbitas filas automotoras de miedo inducido ante el plan obradorista contra el huachicoleo.

Las insatisfactorias noticias provenientes de cuando menos seis estados sin el suficiente abasto de gasolina tomaron forma en la mancha urbana de Ciudad de México y sus estados colindantes de una manera tan presurosa que movieron a los dos bandos en conflicto a trazar sin mayor demora sus pancartas explicativas: una reacción conspirativa de los intereses afectados por el plan del nuevo gobierno federal, creyeron ver los seguidores de la administración andresina, convencidos de que el agravamiento del conflicto fue una maniobra taimada; los adversarios del morenismo hecho poder se solazaron en la denuncia de la impericia y la incapacidad de los recién llegados a Palacio Nacional y sus extensiones operativas, convencidos a su vez de que el manejo del tema huachicolero es una más de las pifias ocurrentes del tabasqueño Presidente.

Cierto es que López Obrador ha declarado la guerra al huachicol con un fervor de sanación institucional: colocó a uno de sus alfiles de toda la vida, Octavio Romero, en la dirección de Petróleos Mexicanos y desde ahí cierra y abre válvulas y ductos y contrata empresas privadas para el traslado por tierra del cargamento combustible, tardío en llegar mediante ese método de las pipas. En su conferencia matutina de prensa, correspondiente al martes, el Presidente mostró confianza en su proyecto y aseguró que sí hay líquido para las gasolineras, aunque el método de distribución ha cambiado e implicará problemas.

El fondo de la batalla contra el robo de gasolinas no merece regateos: la riqueza nacional ha sido sustraída de manera sistemática por criminales disfrazados de líderes sindicales, directivos de Petroleos Mexicanos y sus filiales, y políticos investidos de presidentes municipales, legisladores, gobernadores y seudopresidentes de la República (Fox, Calderón y Peña, en este apartado, aunque no los únicos). Carlos Salinas de Gortari buscó asentar su poder mediante la aprehensión del líder caciquil del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia, apodado La Quina (en aquella época también cayó el dirigente vitalicio del magisterio, Carlos Jonguitud Barrios, relevado por Elba Esther Gordillo), y Felipe Calderón trató de hacer lo propio al desatar en México el horror de la guerra contra el narcotráfico.

López Obrador, sin necesidad de legitimar su elección, ha ido abriendo frentes de batalla con mucha rapidez y en varios campos. Algunos de los más notables se refieren a la supresión del proyecto de nuevo aeropuerto internacional (que lo contrapunteó con grandes capitales), al rediseño presupuestario (que le ha enfrentado con varios gobernadores, el de Jalisco, por ejemplo, quien ha anunciado que ha ordenado un estudio para valorar el costo de zafarse del pacto fiscal nacional) y a la austeridad económica en la estructura del gobierno federal, en los demás poderes y en organismos autónomos (el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, estudia la posibilidad de desentenderse de los comicios locales que se realizarán este año, dejando todo el paquete a las instancias de cada estado).

En ese entorno de batallas múltiples ha llegado la hora del huachicol. López Obrador ha enviado al Ejército a tomar el control de las principales instalaciones petroleras y asegura que en pocos días se ha reducido el robo a la nación y se han ahorrado importantes cantidades de dinero. Pero sus adversarios están aprovechando las circunstancias para generar alarma y enojo en segmentos sociales que de manera genuina se han preocupado por el desabasto de combustible y en otros que de manera intencionada pretenden encontrar en este tema otra oportunidad de confeccionar y enarbolar alguna bandera opositora viable ante un obradorismo cuyo bono democrático aún se mantiene en niveles altos.

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