n línea con el afán de Estados Unidos (EU) de derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de imponer en ese país un gobierno favorable a sus intereses, el Departamento del Tesoro del país vecino anunció ayer un nuevo paquete de sanciones contra la nación sudamericana. Entre las medidas económicas hostiles destacan diversas restricciones, prohibiciones y persecuciones comerciales y financieras contra 23 empresas venezolanas y siete personas físicas.

Poco después, el gobierno de Caracas presentó un recurso ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), y advirtió que tanto las restricciones comerciales como la prohibición de viajes a ciudadanos venezolanos incluidos en la lista negra de Washington son violatorias de las normas internacionales.

Más allá de tales señalamientos es claro que las represalias económicas y comerciales –que han sido por tradición uno de los instrumentos favoritos del intervencionismo estadunidense en el mundo–, suelen ser un mecanismo políticamente ineficaz, pero terriblemente lesivo para las poblaciones, las cuales acaban pagando las consecuencias en forma de penurias y caídas en sus niveles de vida y bienestar. El caso emblemático de esta consideración es el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace casi seis décadas: esa medida, universalmente condenada año con año en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha impedido, en efecto, el crecimento económico de la isla y se ha traducido en un sufrimiento indecible para su población, pero no ha logrado que los cubanos depusieran su determinación de vivir en un modelo político y económico distinto al que Washington pretendía imponerles.

En la circunstancia actual de Venezuela, es evidente que las restricciones a los intercambios internacionales de dos decenas de empresas de ese país incrementarán las carencias, el desempleo y los problemas internos del país sudamericano. Y es paradójico que tales sanciones hayan sido adoptadas bajo el paraguas propagandístico e ideológico que le dio a Washington la declaración emitida el viernes anterior por el Grupo de Lima –que honrosamente la representación mexicana se abstuvo de firmar– en la que se tachó de ilegítima la presidencia venezolana, habida cuenta que ese cónclave dice actuar movido por el propósito de ayudar a los venezolanos a superar la crisis política y económica que padecen.

El injerencismo de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía llegó al colmo de pedir que Maduro se abstuviera de tomar posesión mañana, cuando empieza su nuevo mandato.

Los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los ciudadanos de ese país en forma pacífica, mediante el diálogo y la negociación política. La imposición de sanciones comerciales y financieras, así como las agresiones diplomáticas de gobiernos extranjeros no sólo no contribuyen a ello, sino que dificultan el entendimiento entre los venezolanos.