En su estrategia de combate a la corrupción como prioridad, el gobierno federal debe compatibilizar su empeño de una administración austera con la necesidad de mantener los niveles de profesionalización entre los funcionarios públicos, sostuvo el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, al presentar el Informe de seguimiento sobre la integridad en México.

Destacó que el país logró un avance importante con la constitución del Sistema Nacional Anticorrupción, si bien advirtió que este esquema, que requiere del fortalecimiento de un servicio civil de carrera, constituye un área en que habría que sopesar el impacto del recorte de los salarios con las capacidades de los servidores públicos.

Ante la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, Gurría también subrayó que siendo fundamental priorizar la prevención de la corrupción, no puede dejarse de lado el ámbito disciplinario. En este sentido, destacó que tomando en cuenta las denuncias que promueve la SFP y las que desestima el Tribunal Superior de Justicia Administrativa por inconsistencias, resulta que sólo 8 por ciento de funcionarios que se presumía estaban involucrados en actos de corrupción fue sancionado.

Con frecuencia, alertó, la caída de las imputaciones e irregularidades obedece a inconsistencias en las pruebas o expedientes mal integrados; por ello, es necesario contar con personal bien capacitado y profesionalizado, porque si queremos ahorrar mucho en estas estructuras, lo que va a pasar es que el sistema no responderá y se volverá ineficiente ante la opinión pública y perderá credibilidad.