Pese a la advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de que sus colaboradores estarían obligados moralmente a dar a conocer sus bienes si querían seguir formando parte del gobierno, los titulares de algunas dependencias no han cumplido con informar a cabalidad su situación patrimonial y sus posibles conflictos de interés.

Uno de estos casos es el de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien al publicar sus datos en el portal oficial Declaranet sólo incluyó su experiencia laboral y sus grados académicos, pero no aceptó hacer público si es propietaria de bienes muebles, inmuebles y vehículos, o si tiene cuentas bancarias o algún tipo de deuda.

En la misma situación están los titulares de las secretarías de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, además del director de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra.

Al respecto es importante mencionar que aunque las leyes generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Responsabilidades Administrativas indican que los servidores públicos deben presentar su declaración patrimonial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en 2017 que por cuestiones de seguridad los funcionarios no están obligados a cumplir con este requerimiento.

Otros integrantes del gabinete de López Obrador optaron por revelar sólo parcialmente su situación patrimonial. Son los casos del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez Cázares, y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quienes sólo declararon su sueldo como funcionarios, pero se negaron a transparentar sus ganancias por otras actividades.

En tanto, otros miembros del primer equipo presidencial todavía no aparecen en el portal de Declaranet. Se trata del secretario de la Defensa Nacional, Luis Sandoval González; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, y la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Elena Jiménez Cisneros.

En otro apartado podría colocarse a quienes han hecho su declaración patrimonial, pero por cargos ocupados en otras administraciones, como Alejandro Gertz Manero, actual encargado de despacho en la Procuraduría General de la República, y Luis Antonio Ramírez Pineda, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

Asimismo, en Declaranet hay funcionarios que aún aparecen registrados con un sueldo mayor al que gana el Presidente, que es de 108 mil 248 pesos mensuales netos. Un ejemplo es el de Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, quien reportó ingresos por 142 mil 550 pesos.

Según fuentes cercanas al tema, lo anterior obedece a que aún no se ha concretado la modificación legal que establece el nuevo tope salarial, por lo que quienes ganan más que López Obrador devolverán el excedente, pero sin que hasta el momento haya un procedimiento estandarizado para ello.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos otorga a los funcionarios un periodo de 60 días tras su toma de posesión para presentar su declaración patrimonial, como sugirió López Obrador a sus colaboradores. Dicho plazo vence a finales de enero.