La masacre a manos de elementos del Ejército mexicano de 11 personas –10 indígenas na savi (mixtecos) y un estudiante universitario– en la comunidad El Charco del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, el 7 de junio de 1998, será analizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pese a los intentos que el Estado mexicano realizó durante la administración de Enrique Peña Nieto para que el caso no fuera revisado a escala internacional, el organismo regional admitió hace unos días la solicitud efectuada por algunos sobrevivientes, familiares de las víctimas y la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC), al considerar que hay elementos que podrían derivar en violaciones a las garantías fundamentales.

El 6 de junio de aquel año, en la escuela primaria rural Caritino Maldonado Pérez se celebró una asamblea en la que participaron unas 70 personas entre indígenas de la región y presuntos integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Algunas versiones señalan que se habló sobre proyectos productivos y otras afirman que se abordó la lucha del movimiento guerrillero. En la madrugada del siguiente día, quienes ahí pernoctaban fueron sorprendidos por el Ejército, que de acuerdo a los pobladores fue el primero en abrir fuego, aunque la parte oficial señaló que los militares sólo respondieron al ataque de quienes se encontraban en el colegio.

El operativo concluyó con 10 indígenas na savi y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México muertos, cinco personas heridas y 21 detenidos.

Tras un largo proceso por alcanzar justicia en México, algunos sobrevivientes y familiares de las víctimas llevaron el caso ante la CIDH en el segundo semestre de 2015. El organismo internacional solicitó al gobierno mexicano un informe sobre los hechos, y éste respondió 13 meses después (en diciembre de 2016) y fuera del tiempo. Negó violaciones a derechos humanos con el argumento de que se trató de un enfrentamiento entre un grupo guerrillero y soldados y pidió que el caso no fuera admitido.

Pese a esos argumentos, la CIDH recientemente hizo llegar a la RSDCIAC el informe de admisibilidad, por lo que ahora los comisionados analizarán los hechos y tras conocer todas las posiciones emitirán un informe de fondo. Mañana, en conferencia, sobrevivientes e integrantes de la agrupación civil darán a conocer los detalles de dicha admisión.

Magdalena López, secretaria ejecutiva de la RSDCIAC, destacó la importancia de que estos hechos sean analizados por la CIDH, pues se trata del primer caso en el que directamente están implicados elementos del Ejército en abusos contra una comunidad –en otros habían sido paramilitares– y en el que también se reconoce la presencia guerrillera en una comunidad na savi.

Es un caso que muestra las atrocidades en las que ha incurrido en Ejército y que hoy retoma relevancia ante el proyecto de mantener a las fuerzas armadas en las calles (con el proyecto de la Guardia Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador), señaló.

Reconoció que en junio pasado varias viudas de las víctimas mortales de El Charco decidieron no seguir con el proceso ante la CIDH debido a que deseaban ser beneficiarias de proyectos productivos que en su momento ofrecieron los gobiernos federal y estatal, con la condición de que se desistieran de continuar el caso ante el organismo internacional.

Sobre los señalamientos de las esposas de algunos asesinados en el sentido de que la RSDCIAC les habría demandando 250 mil pesos para mantener la petición ante la CIDH, López aclaró que en efecto, las familias aportaron 200 mil pesos, pero fue por un acuerdo y no se les obligó, pues el costo de todo el proceso internacional ha rebasado los 900 mil pesos para la agrupación.