A casi cinco años de la reforma que originó un modelo híbrido de organización de los comicios que involucra al Instituto Nacional Electoral (INE) y a organismos públicos locales electorales (Oples) se requiere revisar aspectos centrales, pues aún existen disparidades importantes. Entre las más destacadas: diferencias sustanciales en los topes de gastos de campaña, legislaciones dispares en candidaturas independientes o las presiones presupuestales que resienten los institutos locales.

La consejera del INE Pamela San Martín –quien ha sido responsable de la coordinación con las instancias estatales– subraya que si bien se pretendió homogeneizar el modelo de organización de los comicios, en realidad las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos no han sido suficientes para alcanzarlo. Ha sido mediante acuerdos del INE y del reglamento de elecciones como se ha buscado su adecuación para tratar de garantizar el mismo derecho, pero las legislaciones locales no han permitido del todo cerrar la brecha.

Desde la reforma de 2014 que dio paso a la eliminación del Instituto Federal Electoral para crear al INE, que ahora tiene mayor presencia en los comicios locales, se han efectuado 33 elecciones de gobernador, de las cuales en 21 de ellas se ha alcanzado la alternancia en el gobierno.

Para San Martín en parte los avances han sido este nuevo modelo híbrido pero también la equidad alcanzada en el acceso a radio y televisión el financiamiento, entre otros aspectos. A pesar de ello, alerta sobre aspectos que requieren una revisión, entre los que destacó la enorme dispersión en el monto de los topes de gastos de campaña.

En 2017, el tope de gastos de campaña en el estado de México alcanzó los 285.5 millones de pesos, apenas un poco por debajo de los 336 millones de pesos que fue el fijado para la Presidencia de la República en 2012, a pesar de la enorme diferencia en el número de electores. Existen otros casos, advierte la consejera, en los que se cae en el otro extremo, es decir, topes de campaña demasiado bajos en función del número de electores, lo que conduce a otras distorsiones.

Por ello se requiere elaborar criterios homogéneos y claros que permitan alcanzar un equilibrio en este aspecto que incida de manera importante en el desarrollo de las contiendas.

Vinculados al ámbito económico, San Martín refiere que existen otros fenómenos que deberían estar sujetos a revisión: la asignación presupuestal a los Oples. En el pasado reciente al menos tres entidades han enfrentado restricciones financieras ante el regateo que los poderes locales los han sometido: Tlaxcala, Veracruz y Morelos, en donde han tenido complicaciones para obtener los recursos que les permitan asumir sus responsabilidades.

San Martín señaló que asegurar los recursos necesarios es fundamental para garantizar los márgenes de autonomía de los Oples, pues es claro que ésta ha sido una vía de presión de algunos gobernadores.

Otro rubro importante en el que hay contradicciones en las legislaciones locales es lo concerniente a las candidaturas independientes. La consejera recuerda que a partir de que un candidato independiente mostró que podría ganar hasta una gubernatura, los congresos locales adecuaron la legislación para hacer mucho más complejo la posibilidad de triunfo de alguien no postulado por los partidos.

Por ello, actualmente en entidades como Aguascalientes se exige contar con un respaldo de 5 por ciento de firmas del listado nominal, cuando a escala federal se requiere 1 o 2 por ciento de acuerdo con el cargo al que se aspira. En otros casos, como Puebla, se solicita 3 por ciento de respaldo, pero con una dispersión de apoyo en las dos terceras partes del territorio y con un plazo de cumplimiento de tan sólo 30 días.

Es necesario revisar si se posibilitan realmente las candidaturas independientes.