Después de un intenso año electoral, para 2019 el calendario político sólo tenía contemplados cinco comicios locales en los que se disputaría únicamente una gubernatura, la de Baja California, y se renovarán alcaldías y congresos. Sin embargo, en medio de la estrechez financiera que enfrentará el Instituto Nacional Electoral (INE) por el recorte presupuestal, el obligado nuevo proceso por la gubernatura de Puebla concentrará la atención pública tras un largo conflicto poselectoral.

La polarización alcanzada en esa entidad en los comicios de julio pasado, la secuela posterior de confrontación que se prolongó hasta diciembre y la polémica decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que validó los comicios por apenas un voto, conforman un contexto difícil para esta nueva elección tras el fallecimiento de la gobernadora Martha Érika Alonso.

Otro factor gravitará en 2019: el recorte de 950 millones de pesos que la Cámara de Diputados aplicó al INE. Si en su propuesta original preveía ejercer 548.7 millones de pesos en los cinco procesos ordinarios, los nuevos cálculos del instituto implicarían un gasto adicional de 309 millones de pesos –dado que Puebla representa el cuarto padrón más grande del país e implica mayor número de casillas, y se sumarán a los 457 millones que ejercerá el Instituto Estatal Electoral (IEE)–, es decir, 857.7 millones de pesos en total, casi equiparable con el recorte de 950 millones.

Con la premisa de que la gubernatura de Puebla fue la única que en 2018 arrojó un complicado proceso poselectoral, propio de tiempos ya superados, los comicios se auguran aún más complejos a partir de un elemento derivado de la polémica decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que validó el proceso por un solo voto (cuatro a tres).

En el proyecto original del magistrado José Luis Vargas se proponía la nulidad de la elección aparejada con un elemento que ahora cobra relevancia: el descabezamiento del IEE al que imputaba una pésima conducción de los comicios y especialmente en su desempeño posterior por haber violado la garantía de audiencia de los partidos y permitido la manipulación de decenas de paquetes.

Aunque su proyecto no fue aprobado, se introduce un nuevo elemento: las suspicacias sobre el comportamiento del IEE. En la polémica propuesta se ordenaba al INE encargarse de la totalidad de los comicios ante la falta de legitimidad del organismo local. Sin embargo, al validar las votaciones pasadas, también se avaló a la autoridad electoral de Puebla, algo que ya Morena ha anunciado que controvertirá para que se haga cargo el INE.

Si en 2018 poco más de 56 millones de electores acudieron a las urnas en el país, para este año, en otras cinco entidades se tiene contemplado realizar comicios: Baja California, Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Es decir, 13 millones 510 mil 716 electores podrían acudir a las urnas en este año, incluido Puebla.

En principio, se auguraba un año electoral con pocos sobresaltos en la gubernatura de Baja California –entidad gobernada por Acción Nacional desde hace casi 30 años, cuando se convirtió en la primera entidad en poder de la oposición–, la inesperada muerte de la gobernadora poblana modificó radicalmente el escenario electoral para 2019.

Mas allá de los comicios poblanos, estarán en disputa –como parte del calendario regular– la elección del gobernador en Baja California; 86 diputados locales y 59 alcaldes en las cinco entidades donde habrá comicios, una diferencia sustancial con los más de 3 mil 400 cargos que se disputaron durante las 30 elecciones locales y comicios federales efectuados en 2018.

Diferencia que expresa la paulatina compactación de los procesos electorales en el país, producto de las sucesivas reformas a nivel federal y local, cuyo objetivo es concentrar la enorme mayoría de los comicios a fin de que sean coincidentes en el plano estatal con los años en que haya elecciones federales.

La compactación ha avanzado sustancialmente, al punto de que en 2020 no habrá ningún proceso electivo en el país; y para 2021, coincidente con los comicios federales intermedios, también en la mitad del país –16 entidades– habrá renovación parcial o total de los poderes locales, incluida Baja California, cuyo próximo gobernador tendrá un periodo de dos años, sin posibilidad de relección.

Predominio panista desde 1989

Baja California ha sido dominada por el PAN desde 1989, cuando la oposición irrumpió en las gubernaturas al provocar la primera alternancia del país en este nivel.

Aún bajo las reglas anteriores a la reforma electoral, en 2013 los comicios en Baja California se caracterizaron por la polémica que suscitaron las fallas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares –operado por una empresa privada–, que suscitó dudas en torno a los resultados y cuestionamientos por parte del PRI.

Entrevistada sobre el papel del INE en comicios locales, la consejera Pamela San Martín –quien preside la comisión temporal de seguimiento a procesos locales– subrayó que se circunscribirán fiscalización, programación y monitoreo de espots en radio y televisión, así como capacitación de los funcionarios de casilla y la definición del número y ubicación de los centros de votación.

En Tamaulipas se renovará el Congreso con la disputa de 22 diputados de mayoría relativa y 14 por la vía plurinominal; en Quintana Roo, se elegirán 25 legisladores locales: 15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional.

En Aguascalientes se renovarán 15 alcaldías y en Durango 39 ayuntamientos, con lo que se completa el calendario electoral ordinario.