El gobierno federal presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de más de 80 millones de pesos, procedentes de la compraventa de hidrocarburos.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó ayer que mediante la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una querella ante las autoridades correspondientes contra un sujeto –del cual no se revelaron mayores datos–, debido a que realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado del huachicoleo, ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La información se da un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan contra el robo de combustible, en que el Ejército y la Marina resguardan 58 instalaciones estratégicas de la petrolera, la cual ha tenido, sólo este año, pérdidas por alrededor de 60 mil millones de pesos.

Hacienda detalló que en una investigación se detectaron depósitos bancarios que se realizaron en efectivo, lo cual permitió corroborar la mecánica financiera de las ­operaciones.

Abundó que el monto de las operaciones superó 80 millones de pesos.

De dicha cantidad, se presume que 27 millones fueron para la adquisición de combustible con un esquema de compra irregular.

Abundó que la persona que presuntamente cometió dichos ilícitos tenía un historial que incluye una detención por autoridades federales debido a posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La indagatoria reveló que el sujeto que es señalado por las autoridades federales tiene presumiblemente vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compraventa ilegal de hidrocarburos.

La SHCP indicó que ya se ha ordenado el bloqueo de cuentas bancarias, pues éstas estarían vinculadas con una organización criminal y por la otra, por ser un caso de corrupción política.

Recordó que esto forma parte de las acciones emprendidas por el mandatario, las cuales incluyen iniciar procesos administrativos y penales contra una red interna de funcionarios.

Durante el anuncio de la estrategia, se informó que ya se habían iniciado los procedimientos penales correspondientes y en ese sentido había tres funcionarios del área de monitoreo de ductos involucrados, pero no se revelaron detalles.