La Paz. Los presidentes Evo Morales y Nicolás Maduro, de Bolivia y Venezuela, respectivamente, rechazaron este viernes las intenciones golpistas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) al querer aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, tras denuncias de delitos de lesa humanidad contra el gobierno del mandatario Daniel Ortega.

Morales también denunció la política intervencionista de Washington para adueñarse de los recursos de otras naciones, al anunciar que Estados Unidos ya no intervendrá militarmente países a cambio de nada, el presidente estadunidense Donald Trump admite que el intervencionismo del imperio es para adueñarse de los recursos naturales de los pueblos, señaló Morales en Twitter.

Previamente, rechazó en otro tuit que por instrucción del imperio, y con intenciones golpistas, la OEA pretenda aplicar la Carta Democrática a Nicaragua. No se puede ir contra la autodeterminación de los pueblos. Los organismos deben dejar la intromisión y respetar la soberanía, subrayó.

El mandatario boliviano, aliado del gobierno de Ortega, realizó su denuncia al día siguiente de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunciara al Consejo Permanente del organismo el inicio del proceso para una eventual suspensión de Managua.

El secretario afirmó además que en la nación centroamericana existe una alteración del orden democrático y, con ese argumento, llamó al gobierno de Daniel Ortega a asumir sus errores y poner fin a la crisis política y social que comenzó en abril y que ha cobrado unas 300 vidas.

En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también rechazó la intención de Almagro de aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, en un comunicado, el mandatario chavista dijo que su país rechaza categóricamente la decisión de la OEA, al pretender iniciar la aplicación tendenciosa de la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua.

La Carta Democrática es un compromiso continental que prevé sanciones, incluyendo la suspensión de su condición de miembro de la OEA, a países en los que se establezca que existe la violación de normas democráticas.