Buenos Aires. Un cacerolazo múltiple en varios barrios de esta capital convocado espontáneamente desde comunas y asambleas en distintos barrios populosos fue la respuesta este viernes al gobierno del presidente Mauricio Macri, quien la víspera anunció aumentos de tarifas de luz, agua, gas y transporte en un diciembre rojo con el país en recesión oficial.

Tan sólo este año 120 mil personas perdieron sus empleos y hoy se anunciaron despidos en fábricas en los estados de Córdoba y Santa Fe. La imagen de trabajadores despedidos llorando cuando no los dejaron entrar a su trabajo fue la gota que derramó el vaso.

La protesta fue avalada por las organizaciones Argentina en Red, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Movimiento Comunero, la Coordinadora de Asambleas Barriales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras.

En los últimos días del año, cientos de trabajadores fueron cesados y esto seguirá aumentando en los primeros meses del próximo año pues ya se habla de entre 13 y 14 por ciento de desocupación. Únicamente el Canal C5N y algunas radios cubrieron el cacerolazo o ruidazo.

Por otra parte, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confimó el habeas corpus en favor de la comunidad mapuche de Campo Maripe en la provincia sureña de Neuquén, que expresó en su fallo que los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su sistema económico.

Los tres jueces de la Sala II tomaron la resolución por unanimidad y devolvieron la causa al juzgado federal I de Neuquén, a fin de que tramite el habeas corpus preventivo con celeridad ante las acciones de la Gendarmería Nacional, mientras se resuelve el conflicto territorial de fondo con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en un sector del yacimiento de Vaca Muerta, como señala la Agencia Télam.

Los mapuches de Campo Maripe, a quienes no se pidió consentimiento para que las empresas ocuparan sus tierras, han sido hostigados desde entonces y exigen que se imponga el derecho a la consulta, como prevén las leyes. Se analiza que el Poder Judicial en máxima instancia puso límites a las acciones represivas del gobierno contra los pueblos originarios, ya que la Gandarmería Nacional entró al lugar en junio de 2017 y desde entonces ha cometido graves atropellos contra la comunidad.

En los fundamentos de la sentencia se señala que el reclamo está basado en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la pre-existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y sus derechos.

Es un golpe para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando se advierte a la gendarmería que su deber es abstenerse de intervenir, sin orden escrita emanada de autoridad competente y sin perjuicio de sus funciones como fuerza de prevención general, dentro del territorio ocupado por la comunidad aborigen.

En 2016 Bullrich acusó de terroristas a los mapuches que defendían sus tierras y creó la figura de un enemigo interno, fundamento utilizado para enviar a los gendarmes, responsables de la desaparición y muerte del joven Santiago Maldonado, también en Neuquén en agosto de 2017.