Los países que más han avanzado en la lucha contra la corrupción han puesto en práctica las más diversas estrategias a lo largo de la historia, desde la imposición de castigos extremadamente severos hasta la profesionalización de sus servidores públicos, pero en lo que todos parecen coincidir es en el combate a la impunidad mediante un trabajo coordinado de sus instituciones para enviar el mensaje de que violar las leyes tiene consecuencias serias.

Así lo afirmaron académicos y especialistas, quienes añadieron que aunque las experiencias de otras naciones no se pueden aplicar de manera automática en México, como si fueran una receta de cocina, sí pueden retomarse algunas ideas y combinarlas con lo que ya se ha avanzado en el país.

Uno de los casos internacionales que se mencionan con frecuencia en la literatura sobre el tema es el de Singapur, una pequeña nación insular asiática que logró prácticamente erradicar la corrupción con un método aplicado desde los años 60 del siglo pasado, que ha sido blanco de varias críticas por la dureza extrema de sus castigos y multas.

Luis Fernando Fernández, director ejecutivo de la organización civil Nosotrxs, conoce bien el modelo singapurense, creado por Lee Kuan Yew, quien permaneció 30 años en el poder y aplicó un esquema basado en la eficiencia extrema de los servicios públicos y la obediencia a la ley, aun a costa de incurrir en prácticas violentas contra sus ciudadanos.

Singapur antes era un lugar sin reglas, y como estaba hecho un desastre, Lee Kuan Yew decidió poner sanciones muy fuertes para todo tipo de incumplimiento de reglas, desde la pena de muerte para el tráfico de drogas hasta imponer multas y sanciones físicas a quienes cometen faltas administrativas, como manejar borracho, orinar en la calle o mascar chicle, detalló.

Aunque destacó que estas prácticas judiciales implican violaciones a los derechos humanos y a la integridad de las personas con la excusa de generar un bien social mayor, Fernández destacó que hay otros aspectos del modelo de Singapur que son dignos de estudiarse, como la actitud de nula tolerancia social a las prácticas de corrupción.

Indigno y vergonzoso

Cuando una persona comete una acto de apropiación ilegítima de lo público es señalado por sus pares y por la comunidad y pierde el honor, la credibilidad y la reputación. Las consecuencias son tan profundas que afecta la posibilidad de la persona de conseguir otro trabajo en el futuro, porque la corrupción es vista como algo indigno y vergonzoso, señaló.

Otro aspecto crucial para combatir las prácticas de corrupción es la profesionalización de quienes ocupan cargos públicos y su elección por un sistema basado en el mérito, la evaluación de resultados y la experiencia, y no en las palancas, destacó Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas.

A mediados del siglo anterior, indicó la especialista, en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania aún estaba muy presente la cultura de otorgar los puestos públicos con base en la cercanía con grupos de poder económico, pero luego de la Segunda Guerra Mundial se inició un proceso de profesionalización que ayudó a mejorar notablemente el desempeño de sus gobiernos.

Una estrategia más que ha dado resultados importantes –como lo demuestra el caso de la ex república soviética de Georgia– es fortalecer la lucha contra la llamada corrupción de ventanilla, es decir, aquella que ocurre mediante el pago de sobornos para agilizar los trámites de gobierno, como la obtención de permisos y licencias.

Jaime Hernández, coordinador ejecutivo del programa interdisciplinario de rendición de cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, puso de relieve el caso de España, donde ha logrado consolidarse un modelo disperso de combate a la corrupción, en el cual diversos organismos colaboran para analizar un tema específico desde varios ángulos.

El fracaso de muchos países en este terreno ocurre cuando se pretende aplicar modelos o recetas importadas, sin construir organismos nuevos o consolidar a los que ya existían. Lo que deberíamos copiar, si es posible hacerlo, es entender que las instituciones deben actuar coordinadas para investigar, sancionar y prevenir la corrupción y la impunidad.