A contracorriente de las reformas legales y la construcción institucional para combatir la corrupción, entre 2017 y 2018 la preocupación social en México por este fenómeno pasó de ocupar el tercer lugar al segundo, sólo detrás de la inseguridad, según el informe del Latinobarómetro, el cual advierte que 74 por ciento de los mexicanos consideran que esta práctica ha avanzado mucho y en la región sólo se encuentra detrás de Venezuela y República Dominicana.

Recientemente dado a conocer, el documento añade que 61 por ciento de los mexicanos asocia esta práctica al Presidente y sus funcionarios. El informe equipara la situación mexicana con la de Brasil –convulsionada en su clase política por la corrupción– en cuanto a las principales preocupaciones sociales que vinculan inseguridad, corrupción y situación política.

A pesar de las acciones instrumentadas y el reconocimiento autocrítico institucional de su gravedad, todos los estudios apuntan que la corrupción es un foco rojo en México, incluso los retomados oficialmente:

Como parte del diagnóstico para su propuesta de política nacional anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública (SFP) reconoce la debilidad institucional como elemento imprescindible cuando se habla de las causas de la corrupción. A mayor debilidad, más erosionadas y deslegitimidas serán las instituciones. El documento recoge diversos indicadores sobre la gravedad del fenómeno.

Según el reciente informe del Proyecto de Opinión Pública de América Latina –citado por la SFP en el documento, que recomienda elementos para la política anticorrupción–, 77 por ciento de los mexicanos creen que más de la mitad de los funcionarios públicos están involucrados en actos de corrupción.

Y añade: “La victimización por corrupción en México fue de 29.8 por ciento, ubicándose entre los países con niveles más altos, sólo por debajo de Bolivia (40.4), Haití (35.8) y Paraguay (31).

Entre sus recomendaciones para elaborar la política nacional anticorrupción cita también el último reporte del Índice Internacional de Efectividad del Servicio Civil, de la empresa KPMG, especializada en auditorías, que ubica a México en el último lugar de los 31 evaluados en materia de integridad de servidores. Esto quiere decir que “no tienen valores éticos integrados en el ámbito laboral (…) lo que sugiere una insuficiencia conductual importante dentro de la burocracia mexicana”.

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción realizó, antes de que terminara la anterior administración federal, una serie de foros regionales para la elaboración de la política nacional en la materia, la cual deberá ser concluida por el nuevo gobierno.

Paralelamente al diseño de la política nacional, para el CPC este esquema de consulta permitiría identificar particularidades regionales y estatales que favorezcan la elaboración de las políticas locales en consonancia con las directrices nacionales.

Obstáculo para hacer negocios

Aunque con diferencias con el CPC por el procesamiento de la construcción de la política, la Red por la Rendición de Cuentas elaboró su propia propuesta partiendo de que es importante destacar que la corrupción no es sinónimo de impunidad, pues ésta constituye una más de sus expresiones, a través de la inexistencia de responsabilidad penal o administrativa por parte de quienes cometen un hecho de corrupción. Y agrega: En México la corrupción se ha convertido en el principal obstáculo para hacer negocios por encima de la inseguridad, y está vinculada a la debilidad del estado de derecho.

La red advierte de ámbitos de opacidad existentes en la administración, entre los que destaca la captura del presupuesto y su manejo discrecional: en el periodo 2013-2017, el gasto ejercido y acumulado del gobierno federal superó el presupuesto que se le aprobó para esos cinco años en 1.46 billones de pesos. Esto significa que, en promedio, en cada uno de esos años se gastaron alrededor de 293 mil millones de pesos más de lo aprobado.

Para la red, el manejo presupuestal es fuente de corrupción a partir de las características que tiene su ejercicio: discrecionalidad en la asignación de recursos públicos, deficiencia en la planeación presupuestal, diferencia entre el presupuesto aprobado y el gasto ejercido, falta de transparencia en la ejecución de asignaciones a grupos parlamentarios, condicionamiento político de recursos públicos y uso discrecional del gasto para el control de medios de comunicación, así como el uso ineficiente de las partidas.

En cuanto a la manipulación del gasto, en el diagnóstico para las políticas se describe que en el periodo se ha identificado más de 80 por ciento del sobrejercicio de la partida de subsidios a entidades federativas y municipios entre 2013 y 2017, que se erogó mediante tres programas de subsidios del ramo 23, que son transferencias directas a los gobiernos locales del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, programas regionales y contingencias económicas.

Se trata de una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP: sin reglas de operación, sin diseño ni normatividad, esta secretaría decide a quién otorgarle recursos, por qué, cuánto y cuándo. Con estos esquemas, señala, se abre la puerta a irregularidades y la corrupción en el manejo presupuestal.