Managua. Lucía Pineda, directora de prensa de la televisora 100% Noticias, de Nicaragua, cerrada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, fue acusada este domingo del delito de terrorismo y puesta en prisión preventiva, informó la cancillería de Costa Rica, que sigue el proceso porque la periodista también tiene esa nacionalidad.

Pineda fue presentada a un tribunal que l acusó de terrorismo y de incitar al odio, y le ordenó prisión preventiva, indicó un comunicado de la cancillería costarricense.

El 16 de julio el Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó una reforma legal que castiga hasta con 20 años de cárcel el delito de terrorismo.

La legislación define como terrorista a todo aquel que cause la muerte o lesiones a personas que no participan directamente en situaciones de conflicto armado, destruya bienes o cometa otros delitos para obligar a un gobierno a hacer o dejar de hacer algo.

Este sábado, Miguel Mora, dueño de 100% Noticias, fue presentado esposado y con uniforme azul de presidiario ante un tribunal, donde se le dictaron los mismos cargos que a Pineda.

100% Noticias, que transmite 24 horas por cable, ha sido uno de los medios más constantes en informar sobre la crisis que vive Nicaragua desde el estallido de las protestas el 18 de abril contra una fallida reforma al seguro social, y que evolucionaron hacia un movimiento para pedir la renuncia de Ortega, un ex guerrillero a quien sus críticos acusan de instalar una dictadura junto con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

La represión a las protestas ha dejado, según organizaciones humanitarias, al menos 320 muertos, unos 600 presos y miles de exiliados en países vecinos.

El proceso inicial contra Pineda fue fijado para el 25 de enero en el Juzgado Sexto de Distrito de Audiencia de Managua. Las autoridades nicaragüenses no informaron sobre la situación de Pineda.

La periodista fue llevada con sigilo al tribunal 36 horas después de su detención la noche del viernes, cuando la policía allanó y ocupó la sede de 100% Noticias, dijo a la agencia Afp el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas.

El traslado de Pineda, de 45 años, se realizó sin acceso a la prensa ni notificación a familiares para que le nombraran un abogado, aseguró Cuevas.

Un equipo de la CPDH, que permanece en los tribunales para dar asistencia a los detenidos, alertó de la presencia de la periodista en los juzgados y asumió su representación legal, dijo el jurista.

La embestida contra la prensa ocurre en el contexto de la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI) que fue enviado a Managua por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El viernes el GIEI denunció en Washington: Conforme a la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y persecución.

El miércoles, el gobierno de Ortega ordenó la expulsión de las dos misiones de la CIDH encargadas de investigar la represión en las manifestaciones: el GIEI y el Mecanismo Especial para Nicaragua.

El grupo señaló que su trabajo se desarrolló sin la cooperación del gobierno, y que el hecho de que la violencia haya continuado después de la instalación de los investigadores representó una seria limitación.

Los expertos del GIEI determinaron que sólo entre el 18 de abril y el 30 de mayo hubo al menos 109 muertos, mil 400 heridos y unos 690 detenidos.

En la investigación de los 109 decesos han existido graves deficiencias, como mal procesamiento de escenas del crimen, ausencia de realización de necropsias o su práctica vulnerando los estándares internacionales, indicaron.

La delegación denunció que “numerosos profesionales que atendieron a los heridos y prestaron servicios en los puestos de emergencias fueron despedidos.

Más de 200 médicos han sido expulsados de sus trabajos, indicó Pablo Parenti, fiscal que forma parte del grupo de expertos.

Los observadores señalaron que el sistema de justicia penal ha actuado como una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos a través de la criminalización de los ciudadanos que participaron en las protestas.

En los procesos iniciados en contra de estudiantes, líderes campesinos y sociales se ha hecho un uso ilegítimo de los cargos penales de terrorismo y crimen organizado, denunciaron expertos.