La Ciudad de México es la entidad federativa más competitiva del país, ya que en los 18 años recientes ha ocupado la primera posición en la captación de inversión extranjera directa, además, aportó 17.5 por ciento del producto interno bruto nacional, cinco veces más que la participación promedio de las demás entidades. Lo que la ubica en el primer lugar nacional.

Asimismo, al tercer trimestre de 2018 se consolidó como el mayor centro empleador del país, y todo como resultado del trabajo del anterior gobierno, aseguraron los diputados locales del Partido de la Recvolución Democrática (PRD).

También aseguraron que la Ciudad de México posee las calificaciones más altas del país en el manejo de la deuda pública y esto la hizo acreedora de la ratificación de las calificaciones Aaa.mx, Moody’s y AAA emitidas por Fitch Ratings, lo que sienta una base firme para que la administración actual, en su caso, obtenga las mejores condiciones de crédito con las instituciones financieras.

En un posicionamiento escrito, el PRD capitalino cuestionó que el gobierno local actual pretende que algunos programas sociales de la Ciudad de México migren hacia el gobierno federal, aunque éstos aún se rigen por la normativa y los procedimientos locales.

Con dicha situación, el gobierno local da la espalda a la Constitución Política de la Ciudad de México, debido a que en ella se reconoce a los programas sociales como derechos de los habitantes, cuya tutela corresponde a este Congreso, al ser el que los dota de sustento económico, máxime que, reiteraron, a la fecha no existe fundamento legal que valide que la administración y ejecución de los programas sociales sean fondeados con recursos locales, y no obstante ello sean puestos enb manos del Ejecutivo federal.

En el tema de captación de ingresos, los legisladores perredistas indicaron que en el proyecto de Ley de Ingresos se plantea una estrategia para la mayor obtención de recursos propios con la modernización y la ampliación de la base tributaria.

Sin embargo, en el proyecto no se ve reflejada tal estimación, dando pauta a deducir que lo que se pretende es obtener la mayor parte de los recursos por la vía federal, subordinando así las decisiones del Ejecutivo local a los intereses del gobierno federal, lo que lesiona la autonomía de la Ciudad de México.