Chihuahua, Chih., Diputados de Morena y del Partido Encuentro Social (PES) denunciaron que el PAN entregó sobornos para forzar la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto estatales, que incluyó la restructuración de la deuda pública de Chihuahua, por 48.8 mil millones de pesos.

Marisela Sáenz Moriel, ex coordinadora de la bancada del PES, señaló que el dirigente estatal, Edilberto Royval, la removió del cargo una semana antes de la votación del presupuesto, por presiones de Fernando Álvarez, líder de la bancada panista, quien junto con el secretario administrativo del Congreso, Jorge Issa González, ofreció al PES recursos a cambio de apoyo. Asumió que le quitaron la coordinación de la bancada por su negativa a recibir más presupuesto con la condición de que los diputados del PES respaldaran al PAN. Gustavo de la Rosa Hickerson, diputado de Morena, apoyó los señalamientos y añadió que Misael Máynez Cano, nombrado nuevo coordinador de la fracción del PES, apoyó el dictamen de los panistas a cambio de una camioneta GMC Denali Yukon, al parecer blindada.

De la Rosa Hickerson anunció que presentará tres denuncias: una por soborno, otra por secuestro y un recurso de inconstitucionalidad, pues la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se aprobó sin leerse en el pleno y sin que los diputados conocieran el dictamen.

Respecto de la denuncia por secuestro, dijo que el presidente del Congreso, el panista Jesús Villarreal Macías, cerró los accesos al edificio legislativo y encerró a los diputados mientras se realizaba la votación.

El martes anterior, las bancadas de PAN, Partido del Trabajo y PES, excepto Marisela Sáenz, aprobaron restructurar toda la deuda pública estatal, y el jueves votaron en favor del paquete económico 2019 solicitado por el gobernador Javier Corral Jurado.

Los diputados de Morena cuestionan que la restructuración implique pagar comisiones para el banco que asesore al gobierno, hasta por 2.5 por ciento, cifra superior a los mil millones de pesos que se entregarán de forma discrecional, además de que el procedimiento no reduce la deuda pública, solamente alarga el plazo de pago hasta 2049 y recoloca los créditos con nuevos acreedores.