El ex presidente Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador del estado de México, estigmatizó a las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en San Salvador Atenco en mayo de 2006 al llamarlas guerrilleras, resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El tribunal interamericano notificó la sentencia adoptada el 28 de noviembre pasado, en la que declara la responsabilidad del Estado mexicano por graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones arbitrarias, tortura física, sicológica y sexual y falta de acceso a la justicia.

Los hechos ocurrieron hace 12 años durante un operativo de las policías municipal, estatal y federal desplegado en Texcoco, San Salvador Atenco y en la carretera Texcoco-Lechería, estado de México para reprimir manifestaciones.

La resolución indica que la credibilidad de las víctimas fue puesta en duda y fueron estigmatizadas públicamente como guerrille-ras por el entonces gobernador Peña Nieto; el secretario General de Gobierno del estado de México de esa época, Humberto Benítez Treviño, y Wilfrido Robledo Madrid, en el momento comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal.

Asimismo, la Corte estableció que la violencia sexual fue utilizada por parte de agentes estatales como una táctica o estrategia de control, dominio e imposición de poder.

Ello, toda vez que instrumentalizaron los cuerpos de las detenidas como herramientas para transmitir su mensaje de represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por los manifestantes.

Inaceptable arma represora

La violencia sexual fue utilizada como un arma más en la represión para alcanzar el propósito de dispersar la protesta y asegurarse de que no volviera a cuestionarse la autoridad del Estado; conducta que el tribunal calificó de inaceptable.

La Corte concluyó que las detenciones de las 11 mujeres que le presentaron su caso –aunque vale destacar que hubo más agraviadas– fueron ilegales y arbitrarias.

Determinó que existió dilación en las investigaciones que obedecieron a la inactividad de las autoridades y que la pesquisa de tortura y violencia sexual no fue conducida con perspectiva de género.

Conforme a la información que consta en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la CIDH expuso que la noche del 3 de mayo de 2006 hubo una reunión en la que participaron distintas autoridades federales y estatales, en la que se decidió utilizar la fuerza pública a fin de restablecer el estado de derecho en San Salva-dor Atenco.

“El gobernador, el secretario de Seguridad Pública y el coordinador Nacional del Consejo de Seguridad Pública se retiraron una vez que se acordó el uso de la fuerza pública, consta en el documento.

Como medidas de reparación, la CIDH ordenó al Estado realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas. También investigaciones para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las agresiones.

Asimismo encargó a México implementar medidas de atención a las mujeres y para revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policiaca.