oy se conmemora un aniversario más de la masacre de Acteal, cuando paramilitares reclutados y entrenados por las fuerzas armadas y autoridades priístas atacaron con armas largas a unos 350 indígenas tzotziles integrantes del grupo civil pacifista Las Abejas, que en ese momento rezaban en la explanada del paraje del municipio de Chenalhó que dio nombre a este episodio. Los atacantes, quienes actuaron bajo la mirada impasible de elementos policiacos, asesinaron a 45 personas, entre las que se encontraban niños y mujeres embarazadas.

La masacre no fue producto, como sostuvo entonces la versión oficial, de los presuntos y reales conflictos intercomunitarios entre simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional y las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino de un crimen de lesa humanidad concertado en las más altas esferas del poder político, como se ha demostrado de manera plena y reiterada. Es también un crimen de Estado por cuanto existió tanto complicidad como omisión por parte de éste, antes, durante y después de los hechos de violencia.

A más de dos décadas, la justicia se encuentra incluso más lejana que al principio. Hasta la fecha, los asesinos intelectuales gozan de un manto de impunidad tal que ni siquiera se han iniciado las debidas investigaciones para establecer sus responsabilidades. Por su parte, los responsables materiales originalmente encarcelados se encuentran hoy en libertad merced a una serie de resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre agosto de 2009 y abril de 2013. La liberación de los perpetradores de la masacre fue empujada, debe recordarse, por una intensa campaña legal y mediática que desde 2007 emprendieron varios intelectuales y el Centro de Investigación y Docencia Económicas.

No es posible exagerar la urgencia de esclarecer los hechos de Acteal: tanto por las dimensiones y la gravedad del crimen mismo, como por el alto perfil de los responsables y la vigencia del paramilitarismo en la región –a causa, en parte, de la impunidad con que se saldó la masacre–; lo sucedido el lunes 22 de diciembre de 1997 debiera estar en el centro de la agenda pública como un asunto que toca a la legitimidad y la credibilidad del Estado. Está claro que en México no podrá hablarse de la prevalencia de la justicia mientras ésta no reivindique a las víctimas de Acteal.