La comisión técnica encargada de planear y conducir la transición de la procuraduría capitalina en Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tendrá facultades para solicitar información a dependencias y órganos autónomos de la capital que deberán ser atendidas en un plazo de no más de 15 días y por conducto de la procuradora, Ernestina Godoy Ramos, podrá contratar asistencia técnica de instituciones académicas y expertos nacionales e internacionales.

Condicionado esto último a disponibilidad presupuestal de un fondo especial que el Congreso capitalino deberá asignar para la transición, que incluya la remuneración de los comisionados y gastos de operación.

El Congreso aprobó ayer la Ley de la Fiscalía por unanimidad de los 49 legisladores presentes en el pleno, que concede además al órgano colegiado la atribución de gestionar fondos para financiar la contratación de dicha asistencia técnica.

La ley señala entre las tareas del colegiado, integrado por Ana Laura Magaloni Kepler; Patricia Lucila González Rodríguez, Layda María Esther Negrete, Karla Juliana Sosa González, Héctor Carreón Perea, Édgar Cortez Morales y Juan Antonio Araujo Rivapalacio, el diseño del curso intensivo al que deberán someterse quienes aspiren a ser ratificados o designados como fiscales; diseñar también el examen de oposición y proponer a tres instituciones académicas públicas para que los apliquen y evalúen, así como establecer las bases para la selección y capacitación de la policía de investigación, así como de peritos y el resto del personal sustantivo, operativo y administrativo.

Al exponer ante el pleno el dictamen, el diputado de Morena Eleazar Rubio dijo que se creará una fiscalía con una nueva estructura orgánica para enfrentar los rezagos y problemas que tiene el sistema de procuración de justicia en la ciudad y no sólo tendrá la atribución exclusiva de investigar los delitos, determinar la participación punible o la inocencia del imputado, sino la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos.

El legislador del PAN Orlando Garrido López consideró a su vez la expedición de esta ley como un hecho histórico, al sostener que por primera vez en el sistema jurídico de la Ciudad de México se establecen disposiciones que soportan el tránsito de una dependencia del Ejecutivo a un órgano autónomo.