Familiares y amigos de jóvenes desaparecidas y víctimas de feminicidio se manifestaron frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México en demanda de atención, por lo que su titular, Ernestina Godoy Ramos, se comprometió a investigar los expedientes.

Denunciaron que en los casos de Mariela Vanessa Díaz, Pamela Gallardo Volante, Itzel Arely Herrera, Leslye Hernández, Sarahí López y Viviana Garrido no se han respetado los protocolos de búsqueda, al no resguardarse el material de cámaras de videovigilancia o la falta de geolocalización de la víctima.

Mientras, en el caso de Yakiri Rubio –a quien se le acusó de homicidio por matar al hombre que la violaba y fue encarcelada–, la dependencia se retractó de la acción penal contra ella, y la procuradora adelantó que le ofrecerá una disculpa pública, minutos antes de recibir a los manifestantes.

Con mantas y cartulinas de colores con la fotografía y señas particulares de la víctima, y donde lamentaron la falta de atención por los servidores públicos, cuando la diferencia entre la vida y la muerte es sólo un segundo, expresaron su inconformidad por la falta de actuación de la PGJ.

Denunciaron que después de años y/o meses de iniciar su denuncia ante las instancias correspondientes, no ha habido resultados, únicamente compromisos que nunca se cumplen y mesas de trabajo donde no existen avances en las investigaciones.

Las respuestas más comunes de los funcionarios han sido: Regresen después. Tengo mucho trabajo. Su familiar se fue por voluntad propia. Su forma de vida la ponía en riesgo. Tengan paciencia, ya aparecerá, lo cual no ha sucedido, haciéndonos vivir en la angustia y la zozobra, afirmaron.

Ante ello, solicitaron la intervención inmediata de la procuradora y que se dé importancia al procedimiento de investigación, a fin de que nuestras hijas, hermanas, mamás o amigos regresen a sus casas, o saber qué les pasó, pues hasta ahora la impunidad ha prevalecido.