Ante la baja de recursos contemplada para las universidades públicas del país en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019, diversos sectores académicos y estudiantiles han convocado a hacer un análisis de los sueldos de la alta burocracia universitaria y de la forma en que se ejercen los recursos asignados a las casas de estudios.

Al hacer una revisión en los portales de transparencia de algunas de las más importantes universidades del país, La Jornada encontró la siguiente información: el rector general de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro Navarro, recibe 196 mil 914 pesos mensuales antes de impuestos; el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, tiene percepciones brutas de más de 191 mil pesos, mientras las del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, son de 177 mil 895, y el de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Peñalosa, de 129 mil.

Los salarios de los funcionarios de las casas de estudio son establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el caso de las instituciones federales, y por los órganos de gobierno internos para las estatales.

Aunado a ello, los altos funcionarios universitarios tienen diversas prestaciones, como seguro de gastos médicos mayores y gastos de representación, se les asigna de uno a dos vehículos y choferes, apoyo para gasolina, entre otras.

Ayer, en la Cámara de Diputados el titular de la SHCP, Carlos Urzúa Macías, afirmó que las casas de estudios no gastan de manera adecuada y que hay salarios altísimos entre sus directivos, lo que ha desatado la polémica con las universidades.

En las dos principales instituciones universitarias del país hay altos funcionarios que tienen percepciones por arriba incluso a la de rectores de otras casas de estudios. La abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, tiene un salario mensual bruto de 173 mil 60 pesos, mientras los secretarios general y administrativo, Leonardo Lomelí y Leopoldo Silva, respectivamente, perciben 174 mil 262 pesos, y los directores de facultades, escuelas e institutos 108 mil 499. En el caso del IPN, el abogado general y los secretarios perciben 151 mil 722 pesos brutos cada mes.

Aunque las leyes de transparencia federal y estatales señalan que los sujetos obligados, como las universidades públicas, deben difundir y actualizar la información sobre sueldos y prestaciones en montos brutos y netos, en muchos casos no lo hacen y cuando los difunden, los datos son confusos, opacos y desactualizados.

Tales son los casos en las universidades autónomas de Hidalgo y Guerrero. Otros de los rectores con percepciones altas son el de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, con un ingreso mensual bruto de 162 mil 48 pesos; Luis Felipe Guerrero Agripino, de la Universidad de Guanajuato, con 152 mil 86 pesos; y el de la Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, de 143 mil 848 pesos