La prioridad de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el actual sexenio será verificar que exista eficacia en el desempeño de los organismos gubernamentales, e inspeccionar de cerca las áreas donde existe mayor riesgo de que se cometan actos de corrupción, como la de la prestación de bienes y servicios, y la de las concesiones y permisos de obras públicas, pues muchas veces no existe competencia adecuada ni transparencia.

Así lo afirmaron Roberto Salcedo Aquino (RSA) y Tania de la Paz Pérez Farca (TPF), subsecretarios de Combate a la Corrupción y de Combate a la Impunidad, respectivamente, quienes en entrevista con La Jornada detallaron sus planes de trabajo y aseguraron que la austeridad promovida por el nuevo mandatario no perjudicará el funcionamiento del gobierno entrante.

Descartan que se garantice la impunidad

Además de lo anterior, señalaron que no habrá persecuciones políticas contra ex funcionarios –lo cual no equivale a garantizar impunidad–, y que impulsarán un enfoque preventivo mediante temas como la ética de los servidores públicos y su profesionalización, además de impulsar un programa de denunciantes anónimos de actos de corrupción, que vaya acompañado de investigaciones y sanciones efectivas.

–¿Cómo piensan equilibrar el perdón a corruptos del pasado con el castigo a los de la actualidad?

–RSA: No hay contradicción en los términos. Lo que dice el Presidente es que todos los que tengan un proceso o que nosotros sepamos que debe seguir un proceso, lo van a tener. No habrá persecuciones políticas, pero sí una lucha contra la impunidad.

La línea que divide estas dos partes es muy delgada, pero nosotros la tenemos muy precisa. En todos los procesos donde hay un delito, una irregularidad, vamos a actuar, pero no vamos nosotros a usar este poder de fiscalización para asuntos políticos.

–Si hay algún servidor público de gobiernos anteriores que haya cometido un delito de corrupción y su expediente no ha iniciado antes, ¿lo van a iniciar ustedes?

– RSA: Claro. Si lo detectamos, actuaremos. Sea quien sea. Y si ya se iniciaron las investigaciones, seguirán su curso en términos de ley.

–López Obrador dijo que el objetivo de no perseguir a todos los corruptos era no entrampar al país, ¿creen que eso pasaría?

–TPF: Me parece que lo que el Presidente ha querido transmitirnos es que no gastemos energías en tratar de perseguir cuestiones políticas, abusando del poder que tenemos, cuando ya hay un trabajo que debemos hacer para el bien de todos los mexicanos.

–Hay quienes señalan que López Obrador está privilegiando tener un gobierno barato en vez de uno eficiente, ¿qué responderían ante eso?

–TPF: No. Se está analizando cada una de las necesidades de las instituciones para garantizar que tengan todo lo necesario para poder funcionar. Es verdad que se va a hacer un recorte importante de plazas, pero eso no quiere decir que se van a dejar de prestar los servicios con la misma calidad a los ciudadanos.

Había muchas actividades duplicadas, plazas que no se ocupaban, muchas plazas de honorarios o eventuales, y sí se está haciendo un gran esfuerzo por tratar de reducirlo, pero de ninguna manera que hagan inoperantes los servicios que se le ofrecen a la sociedad. No es un ejercicio de recortar por recortar.

–¿Las medidas de austeridad podrían generar una fuga de cerebros en la administración pública?

–Podría generarlo, pero también podríamos reclutar muchos cerebros. Hay muchísima gente que creen en el proyecto de nación que se está proponiendo, y así como habrá personas que decidan ya no quedarse en la secretaría, habrá otras que realmente quieran aportar todo su conocimiento, su experiencia y sus ganas.

–Hablando del índice de Transparencia Internacional, donde México ocupa el lugar 135 de 180, ¿tienen ustedes algún objetivo de mejora?

–RSA: Sí, por supuesto. Estamos ahorita en tres dígitos, y en dos años queremos bajar a dos dígitos. El Presidente ha dicho que bajar la corrupción es llegar realmente a tener un control de toda ella, y una meta muy ambiciosa sería llegar a un dígito.